En la abogacía rige el principio de libertad de fijación y establecimiento de honorarios. Esto quiere decir que los abogados pueden fijar libremente sus honorarios y establecer la cuantía de los mismos previo acuerdo con sus clientes, con respeto, en todo caso, a las normas deontológicas y sobre competencia desleal, sin que exista ninguna referencia legal o estatutaria para la determinación de los mismos.
Fijar honorarios
El abogado no tiene ningún arancel o baremo de referencia para fijar sus honorarios, ni siquiera los Criterios de honorarios publicados por los Colegios de Abogados.
Efectivamente, la Ley 17/2009 y la Ley 25/2009 («Ley Omnibus«) vinieron a liberalizar la fijación de precios en la prestación de servicios jurídicos, terminando con la limitación que suponían los Criterios de honorarios de Colegios de Abogados, que hasta entonces eran de aplicación de obligatoria a la hora de cobrar los servicios, imponiendo un mínimo y un máximo a la fijación del precio.
Modificación de la Ley de Colegios Profesionales
Concretamente la Ley 25/2009 vino a modificar la Ley de Colegios Profesionales, introduciendo un nuevo artículo 14 con el que se prohíbe a los Colegios Profesionales el establecimiento de baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo para los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados.
Más aún, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, llegó a sancionar a varios Colegios de Abogados por considerar que los Criterios de honorarios – aptos únicamente para las tasaciones de costas y juras de cuentas– constituían baremos con auténticas fijaciones de precios y por tanto iban en contra de la Ley de Defensa de la Competencia.
Conclusión
Esto viene a decir, que el abogado puede cobrarte libremente la cantidad que él estime oportuna por sus servicios y estos honorarios van a ser siempre correctos, siempre que hayan sido acordados previamente con el cliente.
Por eso es importante, que antes de contratar con un abogado conozcas sus honorarios, y que estos sean realistas y ajustados, teniendo en cuenta tu caso concreto y atendiendo a factores como el tiempo y esfuerzo que va a requerir tu asunto; la especialización o cualificación que se requiere para atender el caso; el lugar geográfico en el que te encuentres; el resultado que se espera obtener o la experiencia o reputación del abogado.
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