Las consecuencias de una denuncia por violencia de género

Una denuncia por violencia de género tiene unas consecuencias muy graves que cualquier hombre debería conocer. Este tipo penal de hecho, solo se aplica en nuestro país al género masculino.

Hay que aclarar, por tanto, que solo se reconoce como violencia de género la emprendida por un hombre contra una mujer. Esta circunstancia se debe al mayor número de agresiones efectuadas bajo estos parámetros y a la creciente sensibilidad social sobre este asunto.

La conocemos también como denuncia por malos tratos. Desde un punto de vista ético, cualquier acción probada de esta clase resulta condenable y reprobable, pero el objetivo de este texto es destacar qué efectos jurídicos pueden tener estas denuncias.

Las claves de las denuncias por violencia de género

En primer lugar, hemos de señalar que la fuente legal en la que se basan estas denuncias es la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Un aspecto a tener en cuenta respecto a otras denuncias penales que se realizan en el marco de nuestro sistema jurídico es que, en primera instancia, no se aplica la presunción de inocencia del hombre.

Basta la denuncia para que se efectúe una primera detención. A continuación, hacemos un repaso de éste y otros efectos de estas denuncias.

¿Qué supone una denuncia por malos tratos?

Veamos desde los efectos más inmediatos y seguros hasta los más separados en el tiempo.

  • La mera denuncia (sin más aportación de pruebas que el testimonio de la mujer de haber sido agredida) ya pone en marcha un protocolo de protección que pasa por la detención del presunto agresor.
  • El denunciado es conducido a los calabozos, donde puede llegar a estar hasta 72 horas esperando a ser puesto a disposición judicial.
  • El juez puede dejar al denunciado en libertad o, en base a los informes de los psicólogos de los juzgados de violencia de género, dictar una orden de alejamiento del domicilio de la mujer que considere probado que se ha sido agredida por este.
  • Quebrantar la orden de alejamiento implica una nueva denuncia con problemas legales más graves aún para el infractor.
  • Esta orden significa que el denunciado no va a poder entrar en su casa.
  • Tampoco va a poder ver a sus hijos, puesto que se le aplica la privación de su custodia.
  • No podrá disfrutar de la custodia compartida hasta que se dicte una resolución del juicio penal, lo que puede tardar varios años.
  • Pérdida del derecho a conseguir subvenciones públicas.
  • Inscripción en el Registro Central de Maltratadores.
  • Los efectos psicológicos de este proceso pueden ser demoledores.

En definitiva, las consecuencias de estas denuncias por maltrato son tan relevantes que conviene conocerlas de antemano.

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Ignacio Martín Benito
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