260 términos legales explicados en lenguaje claro, sin tecnicismos. Busca el concepto que necesitas entender —de abandono de familia a vivienda familiar— y consulta qué dice exactamente la ley española.
Mostrando los 260 términos del diccionario.
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Delito que castiga a quien incumple los deberes legales de asistencia hacia sus hijos, ascendientes o cónyuge necesitados. No hace falta que exista una sentencia previa que fije una pensión. En los asuntos de familia aparece sobre todo unido al impago reiterado.
Los dos profesionales que intervienen en un pleito: el abogado dirige la defensa y firma los escritos, y el procurador representa a la parte ante el juzgado y recibe las notificaciones. En los procesos de familia ambos son obligatorios.
Nombre genérico de las demandas civiles que buscan establecer o destruir una filiación. Engloba las acciones de reclamación y las de impugnación, se tramitan por los cauces del juicio verbal y en ellas siempre interviene el Ministerio Fiscal.
Medida de protección por la que un menor que no puede vivir con su familia pasa a ser cuidado por otra persona o familia. Sigue siendo hijo de sus progenitores: quien acoge lo cuida, pero no se convierte legalmente en su madre ni en su padre.
Antigua modalidad de acogimiento familiar previa a la adopción, suprimida por la Ley 26/2015. Su función la cumple hoy la guarda con fines de adopción: el menor convive con la familia seleccionada antes de que el juez constituya la adopción.
Delito del artículo 172 ter del Código Penal. Consiste en vigilar, perseguir, buscar la cercanía o intentar contactar con alguien de forma insistente y reiterada, sin estar autorizado, hasta alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana.
Documento o resolución que demuestra oficialmente que una persona es víctima de violencia de género o sexual. Sin él no se accede a las ayudas, a los derechos laborales ni a los recursos especializados, aunque el proceso penal esté en marcha.
Conjunto de bienes, derechos y créditos que forman el haber de la sociedad de gananciales el día en que esta se disuelve. Es la columna que suma en el inventario, antes de descontar deuda alguna. Todo lo que entre aquí acabará repartido por mitad.
Revisión automática y periódica del importe de la pensión de alimentos, normalmente cada año y conforme al IPC, para que no pierda valor con el tiempo. No exige ir al juzgado: se aplica sola si la sentencia o el convenio la prevén.
Acto final de la liquidación por el que cada bien concreto pasa a ser propiedad exclusiva de uno de los cónyuges. Hasta ese momento el patrimonio es común. Después, cada uno tendrá lo suyo con título propio y podrá disponer de él.
Vínculo de filiación creado por resolución judicial entre la persona adoptada y quienes la adoptan, con los mismos efectos que la filiación por naturaleza. Como regla extingue los lazos jurídicos con la familia de origen y es irrevocable.
Adopción de un menor con residencia habitual en otro Estado por parte de personas residentes en España, que implica su traslado a nuestro país. Se rige por la Ley 54/2007 y por los convenios internacionales aplicables.
Cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Desde la Ley Orgánica 10/2022 ya no existe la categoría separada de abuso sexual: todo acto sexual no consentido es agresión sexual.
Conjunto de ropas, mobiliario y enseres de uso ordinario que equipan la vivienda habitual de la familia. Al fallecer uno de los cónyuges, quien sobrevive se queda con ese ajuar sin que se le descuente de su parte, salvo los objetos de valor extraordinario.
Adaptaciones que el juzgado debe hacer para que una persona con discapacidad participe en el procedimiento en igualdad: lenguaje claro, lectura fácil, intérprete de lengua de signos o un facilitador que la ayude a entender y a hacerse entender.
Pensión que un progenitor u otro pariente debe pagar para cubrir las necesidades de una persona con discapacidad que no puede mantenerse por sí misma. Cumplir dieciocho años no la extingue por sí solo.
Pensión que un progenitor sigue pagando por un hijo o hija que ya ha cumplido 18 años, cuando convive en el domicilio familiar y carece de ingresos propios. No hace falta que esté estudiando, pero se extingue si puede trabajar o si su necesidad viene de su falta de aplicación.
Forma de cubrir los gastos de los hijos cuando ambos progenitores comparten la custodia. Repartir el tiempo al 50 % no elimina la pensión: si los ingresos son muy distintos, quien más gana podrá seguir pagando una cantidad al otro.
Obligación legal de ayudarse económicamente entre familiares directos: cónyuges, padres, hijos, abuelos y nietos. Cubre lo indispensable para vivir y solo se activa cuando quien la pide está de verdad en situación de necesidad.
Son las pensiones de alimentos entre parientes cuando quien paga y quien cobra viven en países distintos. Los reglamentos europeos y los convenios de La Haya te permiten reclamarlas y cobrarlas sin tener que empezar de cero en cada país.
Pensión de alimentos que el juzgado acuerda antes de la sentencia, dentro de las medidas provisionales, para que los hijos o el cónyuge necesitado no queden sin sustento mientras dura el procedimiento. Se exigen igual que las definitivas y decaen cuando la sentencia las sustituye.
Aceptar ante el juzgado lo que pide la otra parte, del todo o solo en parte, sin discutirlo. En los pleitos de familia solo tiene efecto sobre lo que las partes pueden decidir por sí mismas, como el dinero entre adultos, nunca sobre la custodia de los hijos.
Delito que consiste en anunciar a un familiar o a la pareja un mal futuro capaz de atemorizarle. El Código Penal separa las amenazas graves de las leves, y castiga también las leves cuando la víctima es la pareja o expareja del autor, una persona vulnerable que conviva con él o un familiar amenazado con armas.
La apostilla es un sello que certifica la autenticidad de la firma y del cargo de quien expide un documento público, para que valga en otro país sin más legalizaciones. La creó el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961.
Autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales que se concede a quien ya está en España por razón de sus vínculos familiares aquí. Tras el Reglamento de Extranjería de 2024 quedó reservada, en esencia, a progenitores de menores nacionales de otro país de la Unión Europea, no de España.
Apoyo prestado por una persona contratada para que quien tiene discapacidad o dependencia haga su vida por sí misma: estudiar, trabajar, salir o asearse. Se financia con una prestación económica del sistema de dependencia.
Decisión, acordada por los cónyuges o adoptada por el juzgado, que determina quién continúa viviendo en la vivienda familiar tras la ruptura y durante cuánto tiempo. No altera la propiedad: solo reparte el uso.
Escritura pública en la que decides, mientras puedes hacerlo, quién quieres que sea tu curador, es decir, quién te apoyará si algún día lo necesitas. También dices a quién excluyes y con qué reglas debe actuar. Esa designación obliga al juzgado.
Organismo que cada Estado designa para recibir, tramitar y coordinar las solicitudes de cooperación internacional en materia de familia. En España ese papel lo asume el Ministerio de Justicia, a través de la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional.
Valoración económica de cada bien y cada deuda del inventario para saber cuánto vale el patrimonio que se va a repartir. Sin avalúo no se pueden formar los lotes, porque no se sabría qué está recibiendo realmente cada cónyuge.
Conjunto de prestaciones económicas, laborales, de vivienda y de asistencia jurídica gratuita que la ley reconoce a quien acredita ser víctima de violencia de género, con la ayuda de pago único del artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004 como pieza central.
Los bienes gananciales son los que pertenecen conjuntamente a los dos cónyuges en el régimen de gananciales: los sueldos, lo comprado con dinero común y los frutos y rentas de cualquier bien, incluidos los privativos. Se reparten por mitad al liquidar.
Los bienes privativos son los que pertenecen en exclusiva a uno solo de los cónyuges: lo que ya tenía al casarse, lo recibido por herencia o donación y lo comprado a costa de otros bienes propios. No entran en el reparto de la sociedad de gananciales.
Dos maneras de perder la posibilidad de reclamar porque ha pasado el tiempo. La prescripción se puede interrumpir con una reclamación. La caducidad casi nunca se para y el juzgado la aprecia por su cuenta, sin que nadie se lo pida.
Traslado de la residencia habitual del hijo o de la hija a otra localidad o a otro país. Al afectar a la patria potestad, exige el acuerdo de ambos progenitores y, si no lo hay, autorización judicial previa.
Aptitud para ejercer por uno mismo los derechos de los que se es titular: contratar, vender, casarse o demandar. Se alcanza plena con la mayoría de edad y ya no se limita por discapacidad, se apoya.
Conjunto de ingresos, bienes y posibilidades reales de ganancia de la persona obligada a pagar alimentos. No se mide solo por la nómina. Es uno de los dos factores que el juzgado pondera para fijar la cuantía, junto a las necesidades de quien los recibe.
Aptitud para ser titular de derechos y de obligaciones. La tiene toda persona por el hecho de serlo, desde el nacimiento hasta la muerte, y no se pierde ni se gradúa por tener una discapacidad.
Las capitulaciones matrimoniales son la escritura pública en la que quienes van a casarse, o ya están casados, eligen o cambian su régimen económico y pactan otras cuestiones patrimoniales del matrimonio. Sin escritura ante notario no producen efecto.
Son los gastos necesarios para sostener a la familia: vivienda, suministros, comida, educación y cuidado de los hijos. Los dos cónyuges tenéis que contribuir: en gananciales se pagan con cargo a la sociedad y, en separación de bienes, a falta de pacto, cada uno aporta en proporción a sus recursos.
Situación del préstamo hipotecario cuando el matrimonio se rompe. El divorcio no modifica el contrato con el banco: quien firmó sigue obligado frente a la entidad, aunque el convenio regulador atribuya el pago a la otra persona.
Momento en que un hijo deja de vivir en el domicilio del progenitor que cobra la pensión, porque se independiza o se traslada con el otro. Es un cambio de circunstancias que afecta a quién percibe los alimentos y a su cuantía.
Momento en que los cónyuges dejan realmente de hacer vida en común. Desde la Ley 15/2005 ya no es requisito para divorciarse, pero sigue siendo determinante para los gananciales, los derechos sucesorios y la pensión compensatoria.
Previsión del convenio regulador o de la sentencia que ordena actualizar de forma automática la pensión cada año conforme a un índice, normalmente el IPC. Evita tener que volver al juzgado solo para que la cantidad no pierda valor.
Delito que comete quien, con violencia, impide a un familiar o a su pareja hacer algo lícito o le obliga a hacer lo que no quiere. Cuando la víctima es la pareja o expareja, o una persona vulnerable que convive con el autor, la pena es mayor aunque la coacción sea leve.
Cantidad que un cónyuge podrá reclamar al otro por haberse dedicado al trabajo de la casa cuando el matrimonio se rige por separación de bienes. Se fija al extinguirse ese régimen, normalmente con la separación o el divorcio.
Es la respuesta a la pregunta de qué país puede juzgar tu asunto de familia cuando hay elementos extranjeros. Se resuelve antes que nada y con reglas propias, distintas de las que determinan la ley aplicable al fondo.
La confesión de privatividad es la declaración de un cónyuge reconociendo que un bien, o el dinero con el que se compró, es solo del otro y no de los dos. Sirve como prueba entre ellos, pero no vincula a los acreedores ni a los hijos y demás herederos que tienen derecho a una parte mínima de la herencia.
Mezcla de dinero privativo y ganancial que impide saber de dónde salió cada bien. Cuando se pierde el rastro, opera la presunción de ganancialidad y el bien se reparte como común salvo que se pruebe lo contrario.
Declaración libre, escrita y expresa con la que una persona acepta someterse a una técnica de reproducción asistida, o acepta que se someta su cónyuge. De ese consentimiento nace la filiación del bebé, aunque no exista vínculo genético.
Autorización libre y voluntaria que da un paciente, tras recibir información suficiente, para que se le practique una prueba o un tratamiento. Si tiene discapacidad, el centro sanitario debe ofrecerle apoyos para que pueda decidir por sí mismo.
El consentimiento matrimonial es la voluntad libre, consciente y real de dos personas de casarse entre sí y asumir los deberes del matrimonio. Es el requisito esencial: sin él no hay matrimonio, aunque la ceremonia se haya celebrado con todas las formalidades.
Tercero imparcial que hace las cuentas del reparto cuando los cónyuges no se ponen de acuerdo. Resuelve los puntos discutidos y propone por escrito quién se queda con qué. Su propuesta no decide por sí sola, porque después tiene que aprobarse.
Escrito con el que quien ha sido demandado responde a lo que se pide en su contra. Tienes veinte días para presentarlo y es tu única oportunidad de pedir por tu cuenta medidas que la demanda no haya solicitado, lo que la ley llama reconvenir.
Tratado internacional de 25 de octubre de 1980 que obliga a devolver de forma inmediata a los menores de dieciséis años trasladados o retenidos ilícitamente en otro Estado firmante. En España lo tienes en vigor desde el 1 de septiembre de 1987.
Documento en el que los cónyuges pactan todas las consecuencias de su ruptura: hijos, vivienda, cargas, alimentos, liquidación del régimen económico y, si procede, pensión compensatoria. Es el eje de cualquier separación o divorcio de mutuo acuerdo.
Profesional designado por el juzgado en casos de conflicto crónico entre progenitores para ayudarles a cumplir las medidas sobre sus hijos y resolver las discrepancias del día a día sin volver a pleitear. No tiene una ley propia en España.
Efecto que impide volver a pleitear sobre lo que ya resolvió una sentencia firme. En familia funciona de forma atenuada: las medidas sobre custodia, visitas o pensiones pueden revisarse si cambian de verdad las circunstancias.
Parte de los gastos de un pleito que una parte puede acabar pagando a la otra: honorarios de abogado y procurador cuando son preceptivos, peritos, edictos o depósitos para recurrir. En los procesos de familia la condena en costas es poco frecuente.
Deudas que un cónyuge tiene con el otro a título personal, distintas de las que cada uno tiene con la sociedad de gananciales. Quien prestó el dinero o pagó por el otro puede exigir que se le compense adjudicándole bienes comunes en la liquidación.
Término que agrupa las tres situaciones que el Derecho prevé cuando un matrimonio se rompe: la nulidad, la separación y el divorcio. Cada una tiene requisitos propios, aunque comparten buena parte de los efectos y del procedimiento.
Documento que recoge por escrito todas las operaciones del reparto al liquidar unos gananciales o una herencia: lista de bienes, valoración de cada uno, cálculo de lo que toca a cada parte y adjudicación concreta. Es el plano definitivo de la liquidación.
Saldos y cuentas del matrimonio que forman parte del patrimonio común. Lo que decide si ese dinero es ganancial no es quién figura como titular en el banco, sino de dónde procede el dinero que hay dentro.
Medida judicial de apoyo a la persona con discapacidad que lo necesita de modo continuado. El juzgado fija los actos concretos en los que precisa la asistencia del curador y, por regla general, el curador asiste, no decide por ella.
Excepción dentro de la curatela, la medida judicial de apoyo a personas con discapacidad: el juzgado autoriza al curador a actuar en nombre de la persona apoyada, solo cuando resulta imprescindible y solo en los actos que la resolución enumere.
Régimen en el que los hijos conviven de forma alterna y equilibrada con los dos progenitores tras la ruptura. El Tribunal Supremo lo considera el modelo normal e incluso deseable siempre que resulte compatible con el interés superior del menor.
Régimen en el que los hijos viven de forma habitual con uno de los progenitores, que se ocupa del día a día. El otro conserva la patria potestad, participa en las decisiones importantes y mantiene un régimen de visitas, comunicación y estancias.
Obligación legal de los cónyuges de ayudarse y prestarse auxilio, también económico, mientras dura el matrimonio. Es uno de los deberes conyugales del Código Civil y de él nace la obligación de darse alimentos el uno al otro.
Persona que el juzgado nombra para prestar apoyo puntual a alguien con discapacidad: cuando quien debe apoyarla no puede hacerlo, cuando hay conflicto de intereses o cuando la necesidad es ocasional aunque se repita.
Escrito con el que se pide al juzgado que disuelva el matrimonio y decida sobre custodia, alimentos, vivienda y pensión compensatoria. La firma un abogado y la presenta un procurador, y sin ella el procedimiento no arranca.
Acto por el que se pone en conocimiento de la policía, del juzgado de guardia o de la Fiscalía un hecho de violencia de género. Abre el proceso penal y permite pedir en ese mismo momento una orden de protección.
Derecho de la persona adoptada a saber de dónde viene: quiénes fueron sus progenitores biológicos y en qué circunstancias se produjo la adopción. Se ejerce al alcanzar la mayoría de edad o antes a través de sus representantes legales.
Método de negociación en el que cada parte acude con su propio abogado acreditado y todos se comprometen a no litigar: si no hay acuerdo, esos abogados quedan apartados del caso. Desde 2025 la ley española lo reconoce expresamente.
Derecho de los abuelos a mantener trato y visitas con sus nietos. El Código Civil prohíbe impedir esas relaciones sin justa causa y, si los progenitores se oponen, podrá fijarlas el juzgado atendiendo al interés del menor.
Conjunto de normas civiles propias de determinadas comunidades autónomas que regulan la familia al margen del Código Civil. Se aplica en función de la vecindad civil de cada persona, no del lugar donde vive o donde se casó.
Discrepancia entre progenitores sobre el colegio de sus hijos: centro público o concertado, cambio de centro, idioma o enseñanza religiosa. Como es una decisión de patria potestad, si no hay acuerdo la resuelve el juzgado.
Discrepancia entre los progenitores sobre una operación, un tratamiento o una terapia para un hijo o una hija menor de edad. Salvo urgencia vital, las decisiones sanitarias relevantes exigen el consentimiento de los dos. Si falta, decide el juzgado.
Empeoramiento de la situación económica de uno de los cónyuges como consecuencia de la separación o el divorcio, medido frente a la posición del otro y frente a la que tenía en el matrimonio. Es el requisito que abre la puerta a la pensión compensatoria.
Retirar la demanda y poner fin al procedimiento sin que el juez llegue a resolver el fondo. No renuncias al derecho: como no hay sentencia, podrás volver a demandar más adelante por lo mismo.
Conjunto de vías legales por las que el Derecho fija quiénes son los progenitores de una persona: la inscripción del nacimiento, el reconocimiento, un expediente en el Registro Civil o una sentencia firme.
Cantidad que la persona obligada a prestar alimentos debe y no ha pagado. Tiene un régimen reforzado: prescribe a los cinco años, permite embargar el salario sin los límites ordinarios y su impago puede llegar a ser delito.
Obligaciones que asume la sociedad de gananciales porque nacieron para sostener a la familia o para gestionar los bienes comunes. Se anotan en el pasivo del inventario, la lista de deudas, y se pagan antes de que se reparta nada entre los dos.
Pruebas que se practican después de la vista y antes de dictar sentencia, cuando algo quedó pendiente sin culpa de quien lo pidió o aparece un hecho nuevo. No sirven para rescatar una prueba que se olvidó proponer.
Momento en que el régimen de gananciales deja de funcionar: a partir de ahí ya no se generan bienes comunes, aunque el patrimonio existente seguirá perteneciendo a los dos cónyuges hasta que se liquide y se reparta.
Extinción del vínculo de un matrimonio que fue válido. Solo se disuelve por la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio. Ni la separación ni los años sin convivir disuelven un matrimonio.
Derecho de determinados familiares de la persona investigada a no declarar contra ella en el proceso penal. Desde la reforma de 2021 no podrá acogerse quien esté o haya estado personado como acusación particular ni quien ya aceptó declarar tras ser informado.
La dispensa matrimonial es el permiso que da un juez para casarse pese a existir un impedimento legal. Hoy solo cabe en dos supuestos: entre tío o tía y sobrino o sobrina, y cuando una de las dos personas fue condenada por participar en la muerte intencionada del cónyuge o la pareja de la otra.
Sistema electrónico, conocido popularmente como pulsera antimaltrato, con el que se vigila en tiempo real que la persona investigada o condenada respeta la distancia de alejamiento fijada respecto de la víctima.
Disolución del matrimonio en vida de ambos cónyuges. Desde la Ley 15/2005 no tendrás que alegar ninguna causa: bastará con que hayan pasado tres meses desde la boda y con que lo pida uno solo de los dos.
Divorcio en el que hay hijos menores de edad no emancipados. Siempre pasa por el juzgado, aunque exista acuerdo total: no cabe la vía notarial, interviene el Ministerio Fiscal y un juez debe aprobar las medidas que afectan a los hijos.
Divorcio que resuelve el juzgado porque los cónyuges no se ponen de acuerdo en las medidas: custodia, alimentos, uso de la vivienda o pensión compensatoria. Hay demanda, contestación, una vista con prueba y una sentencia que decide por vosotros.
Divorcio en el que ambos cónyuges coinciden en romper el vínculo y en cómo ordenar sus consecuencias. Ese acuerdo se plasma en un convenio regulador y se tramita ante el juzgado, ante el letrado de la Administración de Justicia o ante notario.
Es el divorcio decretado por una autoridad de otro país. Para que surta efectos en España hay que reconocerlo: dentro de la Unión Europea el reconocimiento es automático, y fuera de ella suele exigir exequátur o reconocimiento incidental.
Nombre coloquial del divorcio tal y como quedó tras la Ley 15/2005, que suprimió las causas y la separación previa: bastará con que hayan pasado tres meses desde la boda. Hoy también se usa para el divorcio rápido de mutuo acuerdo ante notario.
Divorcio de mutuo acuerdo que se formaliza en escritura pública ante notario, sin pasar por el juzgado. Solo cabrá si no hay hijos menores no emancipados ni hijos mayores con medidas de apoyo —la figura que desde 2021 sustituye a la tutela— a cargo de sus progenitores.
Determinación de la filiación de un bebé a favor de dos mujeres: la que da a luz y su pareja, que manifiesta ante el Registro Civil que consiente en que la filiación se determine también a su favor. Desde 2023 no hace falta que estén casadas. No es una adopción.
El documento público lo autoriza un notario, el letrado de la Administración de Justicia u otro funcionario con fe pública, es decir, con poder legal para certificar oficialmente. Privado es todo lo demás, y su fuerza probatoria es muy distinta.
Es el lugar donde el matrimonio fija su residencia común. Los cónyuges lo eligen de común acuerdo y, si no se ponen de acuerdo, resuelve el juez atendiendo al interés de la familia. Además determina qué juzgado tramita el divorcio.
Entrega de óvulos o espermatozoides a un centro autorizado para su uso en técnicas de reproducción asistida. En España es un contrato gratuito, formal y confidencial, y la donación no genera ningún vínculo de filiación con la persona nacida.
Consecuencias jurídicas que produce la disolución del matrimonio: fin del vínculo, extinción del régimen económico, pérdida de los derechos sucesorios entre excónyuges y las medidas sobre hijos, vivienda y pensiones.
Procedimiento judicial para cobrar por la fuerza las pensiones de alimentos impagadas. Se pide al mismo juzgado que dictó la sentencia y permite embargar nóminas, cuentas y bienes hasta cubrir la deuda, los intereses y las costas. Aquí el sueldo no está protegido como en otras deudas.
Procedimiento para obligar a cumplir lo que ya dice una sentencia, un decreto o un convenio de familia cuando la otra parte no lo cumple: impago de la pensión, incumplimiento del régimen de visitas o negativa a entregar bienes.
Regla general de funcionamiento de la patria potestad: las decisiones relevantes sobre el hijo las toman los dos progenitores de común acuerdo, aunque solo uno conviva con él. Los actos cotidianos los realiza quien lo tiene consigo en ese momento.
Situación que permite a una persona menor de edad regir su persona y sus bienes casi como si fuera mayor. Extingue la patria potestad, aunque mantiene límites: hasta los 18 no podrá pedir préstamos ni vender inmuebles por sí sola.
Tratamiento que recibe un negocio cuando se reparte el patrimonio del matrimonio. Si la empresa se creó durante la sociedad de gananciales y con dinero común, es ganancial. Si además se puso dinero propio de uno de los cónyuges, pertenece en parte al patrimonio común y en parte a esa persona.
Grupo de profesionales de la psicología y del trabajo social adscrito a los órganos de familia. Elabora por encargo del juzgado los informes sobre custodia y visitas, sin coste para las partes, y no lo elige ninguna de ellas.
El exequátur es el procedimiento judicial que declara que una resolución extranjera puede ejecutarse en España. Se pide por demanda ante el juzgado de primera instancia y no revisa el fondo del asunto: solo comprueba requisitos.
Procedimiento ante la Sección de Primera Instancia (antes Juzgado de Primera Instancia), sin pleito ni partes enfrentadas, en el que se acuerdan medidas de apoyo estables para una persona con discapacidad, normalmente una curatela. Es la vía ordinaria desde la Ley 8/2021 y solo sirve si nadie se opone.
El expediente matrimonial es el trámite previo a la boda civil en el que el Registro Civil o el notario comprueban que las dos personas pueden casarse: que tienen capacidad, que no concurre ningún impedimento y que existe verdadera voluntad de casarse.
Entrevista en la que el juez o la jueza escucha directamente al hijo menor de edad, sin sus progenitores delante, para conocer su situación y su opinión antes de decidir sobre custodia, visitas u otras medidas que le afectan.
Operación por la que se pone fin a una copropiedad: uno de los copropietarios se queda el bien entero y compensa al otro en dinero. Es la vía habitual para deshacer el proindiviso sobre la vivienda cuando una pareja se separa.
Cese definitivo de la obligación de pagar la pensión de alimentos. No llega sola al cumplir el hijo los 18 años: hace falta una causa legal —independencia económica, muerte del obligado, falta de medios— y, salvo pacto, una resolución judicial.
Momento en que termina el derecho a seguir usando la vivienda familiar que se atribuyó al romperse el matrimonio. Desde la reforma del artículo 96 del Código Civil por la Ley 8/2021, si el uso se concedió en atención a los hijos, termina cuando el más pequeño cumple 18 años.
Vínculo jurídico que te une a tus progenitores y del que nacen los apellidos, la patria potestad, los alimentos y los derechos hereditarios. Puede ser por naturaleza o por adopción, y todas las clases producen exactamente los mismos efectos.
Filiación de quien nace de progenitores casados entre sí. Aquí no hay que reconocer a nadie: basta con inscribir el nacimiento acreditando el matrimonio, porque la ley presume la paternidad del marido. Los derechos del hijo son idénticos a los de cualquier otra filiación.
Filiación de quien nace de progenitores que no están casados entre sí. Genera exactamente los mismos derechos que la matrimonial, pero aquí no opera ninguna presunción: hay que determinarla por declaración, reconocimiento, expediente registral o sentencia.
El Registro Civil es donde la filiación —la relación legal entre un hijo y sus progenitores— se hace oficial. La inscripción de nacimiento prueba quiénes son esos progenitores y es el documento con el que se acredita el parentesco ante la Administración y ante terceros.
Fondo estatal que adelanta parte de la pensión de alimentos impagada a hijos menores de edad, cuando la ejecución judicial contra la persona obligada no ha dado resultado y la familia no supera un límite de ingresos.
Fase final de la liquidación en la que los bienes ya inventariados y valorados se agrupan en dos partes de valor equivalente, una para cada cónyuge. Si un lote vale más que el otro, la diferencia se compensa en dinero.
Gastos de los hijos imprevisibles y no periódicos que quedan fuera de la pensión de alimentos y se reparten aparte, normalmente al 50 %: una ortodoncia, unas gafas graduadas, una operación o un tratamiento que no cubre la sanidad pública.
Gastos previsibles y periódicos de los hijos que ya van incluidos en la pensión de alimentos: alimentación, ropa, vivienda, material escolar del curso o transporte. No los reclamarás aparte, porque la cuota mensual ya los cubre.
Todo lo que cuesta que un hijo curse estudios superiores: matrícula, tasas, material, transporte o residencia, y cómo encajan esos gastos en la pensión de alimentos tras la ruptura. Ni son automáticamente extraordinarios ni desaparecen cuando el hijo cumple 18 años.
Acuerdo por el que una mujer gesta un bebé y renuncia a la filiación materna a favor de quien se lo encarga. En España ese contrato es nulo de pleno derecho: la ley considera madre a quien da a luz, aporte o no los óvulos.
Porcentaje que reconoce la Administración tras valorar a una persona con unos baremos oficiales. A partir del 33 % da acceso a prestaciones y beneficios, pero no dice nada sobre su capacidad jurídica.
Apoyo informal que ya presta quien cuida de una persona con discapacidad, normalmente un familiar, sin ningún nombramiento judicial. Desde la Ley 8/2021 es una medida de apoyo válida y suficiente si se ejerce adecuadamente.
Situación en la que una persona cuida de un menor y decide sobre su día a día sin tener patria potestad, tutela ni acogimiento formalizado. Es frecuente en la familia extensa y no requiere nombramiento previo de nadie.
Régimen que fija la convivencia diaria con los hijos menores: con quién viven y quién resuelve su día a día tras la ruptura. No se confunde con la patria potestad, que tras el divorcio conservan casi siempre los dos progenitores.
Resolución administrativa por la que la Entidad Pública de protección de menores declara que una persona reúne la capacidad, aptitud y motivación adecuadas para ejercer la responsabilidad parental sobre un menor adoptado.
Falta de pago total o parcial de la pensión fijada en resolución judicial o en convenio aprobado por el juzgado. Tiene consecuencias civiles —ejecución y embargo de bienes— y también penales: dejar de pagar dos meses seguidos o cuatro alternos puede constituir delito.
Un impedimento matrimonial es una circunstancia que la ley considera incompatible con el matrimonio y que impide casarse. Los hay absolutos, que impiden cualquier boda, y relativos, que solo impiden casarse con determinadas personas.
Acción judicial con la que se pide dejar sin efecto una filiación que ya consta determinada porque no se corresponde con la realidad. Los plazos de caducidad son muy cortos, por regla general un año, y el Ministerio Fiscal siempre es parte.
Figura hoy suprimida: era la sentencia que declaraba incapaz a una persona adulta y la sometía a tutela. Desde el 3 de septiembre de 2021 la capacidad jurídica no se modifica, se apoya con medidas ajustadas a cada persona.
Situación en la que un hijo obtiene ingresos propios, estables y suficientes para mantenerse por sí mismo. Es la causa más habitual de extinción de la pensión de alimentos, pero no opera sola: tendrás que pedirla al juzgado.
Acto por el que el divorcio, la separación o la nulidad quedan reflejados de forma oficial en el Registro Civil, junto a la inscripción del matrimonio. Sin ella el divorcio no consta en la certificación de matrimonio ni podrás hacerlo valer frente a quien no intervino en el procedimiento.
Es el trámite por el que un matrimonio celebrado fuera de España accede al Registro Civil español. No crea el matrimonio, que ya existe desde la boda, pero es lo que te permite acreditarlo y oponerlo frente a terceros de buena fe.
Principio que obliga a jueces, administraciones y progenitores a decidir siempre por lo que más conviene al menor, por encima de los intereses de los adultos. Es el criterio que decide la custodia, las visitas y cualquier medida que le afecte.
Conductas de uno de los progenitores que dificultan o deterioran la relación del hijo con el otro: incumplir las entregas, desprestigiarlo delante del menor u ocultarle información. No son un diagnóstico psicológico, sino hechos que el juzgado valora.
Ingreso de una persona en un centro por razón de trastorno psíquico cuando no está en condiciones de decidirlo por sí misma. Al ser una privación de libertad, exige siempre control judicial.
Lista formal de todo lo que entra en la masa común cuando se disuelve el régimen: el activo, con los bienes y los créditos a favor de la sociedad, y el pasivo, con las deudas y los reembolsos que esta debe a cada cónyuge. Lo que no figure aquí, no se reparte.
Conjunto de expedientes en los que se pide al juzgado una autorización o una decisión sin que exista un pleito entre partes enfrentadas. No hay una parte que demanda y otra que se defiende, sino alguien que necesita una resolución.
Derecho a que el Estado costee abogado, procurador, peritos y otros gastos del proceso a quien no puede pagarlos. Depende de unos umbrales de renta ligados al IPREM, salvo en casos como la violencia de género, donde se reconoce sin acreditar recursos.
Órgano judicial que resuelve divorcios, custodias, alimentos, filiación y medidas de apoyo. Tras la reforma de la Ley Orgánica 1/2025 su denominación oficial es Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia.
Órgano judicial especializado que instruye los delitos de violencia de género, acuerda las órdenes de protección y, si concurren ciertos requisitos, asume también el divorcio y las medidas sobre los hijos. Desde la Ley Orgánica 1/2025 es una Sección del Tribunal de Instancia.
Institución del derecho islámico por la que una persona asume el cuidado, la educación y la protección de un menor sin crear vínculo de filiación ni derechos sucesorios. En España no equivale a una adopción: se reconoce como acogimiento familiar o, en su caso, como tutela.
Reforma de la legislación civil y procesal, de 2 de junio de 2021, que suprimió la incapacitación judicial y la tutela de las personas adultas en España. Desde el 3 de septiembre de 2021 a nadie se le modifica la capacidad: se le proveen apoyos para ejercerla.
Es la ley nacional que el juez utiliza para resolver el divorcio cuando el caso tiene elementos extranjeros. En España la determina el Reglamento Roma III, que permite elegirla por escrito o, si no hay acuerdo, aplica una cascada de criterios.
Operación por la que, disuelta ya la sociedad de gananciales, se inventaría el patrimonio común, se pagan las deudas y se reparte el remanente por mitad, adjudicando a cada cónyuge bienes concretos. Es el momento en que dejas de compartir la titularidad de todo.
Procedimiento ante el juzgado para repartir el patrimonio común cuando los cónyuges no se ponen de acuerdo. Tiene dos fases sucesivas: primero se fija el inventario y después se hace la división y la adjudicación de los bienes.
Reparto del patrimonio común del matrimonio formalizado en escritura pública ante notario. Solo es posible si ambos cónyuges están de acuerdo en todo, y el resultado es un documento público que se inscribe directamente en el Registro de la Propiedad.
Situación en la que los tribunales de dos países conocen a la vez del mismo asunto entre las mismas partes. Para evitar resoluciones contradictorias, el tribunal ante el que se demandó después suspende su procedimiento y, en su caso, se inhibe: deja el asunto en manos del otro.
Delito que castiga el ejercicio repetido de violencia física o psíquica sobre la pareja, la expareja o el resto del entorno familiar. Lo recoge el artículo 173.2 del Código Penal, con prisión de seis meses a tres años.
Unión de dos personas, del mismo o de distinto sexo, formalizada ante la autoridad civil o religiosa que la ley admite. Crea un vínculo jurídico con derechos y deberes recíprocos y, desde el primer día, fija el régimen económico que regirá vuestro patrimonio.
El matrimonio canónico es el celebrado conforme al Derecho de la Iglesia católica. En España produce efectos civiles desde el mismo momento de la ceremonia, sin necesidad de una segunda boda civil, y lo inscribirás presentando la certificación eclesiástica.
Es el matrimonio contraído fuera de España, ante autoridad local, ante el consulado español o en forma religiosa. La forma la marca la ley del lugar de celebración, pero la capacidad de cada contrayente se rige por su ley nacional.
El matrimonio civil es el que se celebra ante una autoridad del Estado: el alcalde o alcaldesa, un concejal, el letrado de la Administración de Justicia (el antiguo secretario judicial), un notario o el cónsul. Antes tendrás que pasar un expediente que comprueba que las dos personas pueden casarse.
El matrimonio de conveniencia, o de complacencia, es el que se celebra sin verdadera voluntad de casarse, buscando solo un efecto legal como el permiso de residencia o la nacionalidad. Al faltar el consentimiento matrimonial, es nulo.
El matrimonio por poder permite que una de las dos personas no acuda a la ceremonia y sea representada por alguien a quien ha dado un poder especial, normalmente notarial, hecho a propósito para esa boda. La otra tiene que estar presente físicamente, sin excepción posible.
Cumplir 18 años extingue la patria potestad y, con ella, la custodia y el régimen de visitas. No acaba automáticamente con la pensión de alimentos, que sigue viva mientras el hijo no tenga independencia económica.
Método voluntario y confidencial en el que una persona mediadora, neutral y sin poder de decisión, ayuda a la familia a construir sus propios acuerdos. No sustituye al abogado ni al juzgado: si hay hijos menores, el acuerdo necesita aprobación judicial.
Decisiones provisionales que adopta un tribunal civil mientras dura el pleito para que la sentencia no llegue tarde. Exigen justificar el riesgo que genera la demora, la apariencia de buen derecho y, por regla general, prestar caución.
Restricciones que el juez impone a la persona investigada mientras se tramita el proceso penal, para proteger a la víctima y asegurar el juicio. Van desde el alejamiento hasta la prisión provisional.
Mecanismos que permiten a una persona con discapacidad ejercer su capacidad jurídica decidiendo por sí misma, con la ayuda que necesite y solo en lo que la necesite. Desde la Ley 8/2021 ocupan el lugar de la incapacitación judicial y de la tutela de personas adultas.
Medidas que fija la sentencia de separación, divorcio o nulidad, o el convenio regulador aprobado, y que ordenan la vida familiar a partir de ese momento: custodia, visitas, pensiones, vivienda y régimen económico.
Decisiones que adopta el tribunal, una vez admitida la demanda de separación, divorcio o nulidad, para ordenar la vida familiar mientras dura el pleito: custodia, visitas, pensiones y uso de la vivienda. Rigen hasta que la sentencia las sustituya.
Medidas urgentes que podrá pedir quien se propone demandar la separación, el divorcio o la nulidad, antes incluso de presentar la demanda. Dejan de tener efecto si esa demanda no se presenta en los treinta días siguientes.
Obras y reformas que aumentan el valor de un bien del matrimonio. La mejora pertenece al dueño del bien, pero el patrimonio que pagó la obra, normalmente el de los dos, tendrá derecho a cobrar el aumento de valor que esa mejora generó.
Persona menor de dieciocho años y de nacionalidad extranjera que llega o se encuentra en España sin ningún adulto responsable de ella. La Administración debe protegerla igual que a cualquier menor en desamparo, con independencia de su situación administrativa.
Cuantía mínima de pensión que los tribunales mantienen a favor de un hijo menor aunque el progenitor obligado tenga muy pocos ingresos. No está escrita en ninguna ley: la han ido fijando las sentencias. Dejar el pago en cero solo se admite en casos excepcionales y temporales.
Parte pública que interviene en los procesos de familia para velar por el interés de los menores y de las personas con discapacidad. No defiende a ninguno de los progenitores y actúa con independencia de lo que pidan los adultos.
Órgano que interviene siempre en los procedimientos de apoyos a personas con discapacidad: podrá iniciarlos, es parte en ellos y vela por la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona afectada, no por lo que decida la familia.
Procedimiento para cambiar las medidas fijadas en una sentencia de divorcio, separación o de medidas paterno-filiales cuando han variado sustancialmente las circunstancias que se tuvieron en cuenta al acordarlas.
Conjunto de vías por las que un vínculo familiar —filiación, adopción, matrimonio o patria potestad— permite adquirir la nacionalidad española. El parentesco no la concede de forma automática: unas veces se adquiere de origen, sin trámite, y otras el vínculo solo abre un derecho de opción o acorta plazos.
Nasciturus es la palabra latina con la que el derecho se refiere al ya concebido y todavía no nacido. No tiene personalidad jurídica, pero la ley lo tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables si después nace vivo.
Dejar sin efecto los trámites de un procedimiento que se hicieron mal y causaron indefensión. No discute si la sentencia acierta o no: ataca el defecto de forma, no el fondo del asunto.
Vía para dejar sin efecto un reconocimiento de paternidad o maternidad, bien porque se otorgó con error, violencia o intimidación, bien porque le faltó un requisito legal esencial. Los plazos son muy breves y empiezan a correr enseguida.
La nulidad matrimonial es la declaración judicial de que un matrimonio nunca fue válido porque le faltó un requisito esencial: el consentimiento, la capacidad de los contrayentes o la forma legal. A diferencia del divorcio, no disuelve el vínculo: declara que nunca llegó a nacer.
Prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, a su trabajo o a los lugares que frecuenta. Podrá acordarse como medida cautelar durante la investigación o imponerse como pena en la sentencia condenatoria.
Resolución judicial que concede a la víctima un estatuto integral de protección: reúne en un solo auto medidas penales, medidas civiles de familia y acceso a las ayudas sociales. La regula el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Freno que impide aplicar en España una ley extranjera o reconocer una resolución de otro país cuando el resultado choca frontalmente con los principios esenciales de nuestro ordenamiento, como la igualdad entre hombre y mujer o el interés del menor.
Los apellidos los determina la filiación. Los progenitores acuerdan el orden antes de inscribir al bebé y, si no hay acuerdo, decide el Encargado del Registro Civil atendiendo al interés superior del menor. Después solo cambian en los casos que fija la ley.
Unión estable de dos personas que conviven como pareja sin estar casadas. El Código Civil no le reconoce régimen económico ni derechos hereditarios: sus efectos dependen de la ley autonómica, de la inscripción en el registro y de lo que se pacte.
Conjunto de deudas y obligaciones que se descuentan de la masa común antes de repartirla: lo que la sociedad de gananciales debe a terceros y lo que tiene que reintegrar a cada cónyuge por el dinero privativo gastado. Solo se divide lo que sobra después.
Conjunto de deberes y facultades que la ley reconoce a los progenitores sobre sus hijos menores no emancipados: velar por ellos, alimentarlos, educarlos, representarlos, administrar sus bienes y decidir dónde residen. Decide quién manda en lo importante, no con quién viven.
Masa de bienes que se separa del resto del patrimonio de una persona con discapacidad y queda afecta exclusivamente a cubrir sus necesidades vitales, con reglas propias de administración y control del Ministerio Fiscal.
Compensación económica que un cónyuge paga al otro porque la separación o el divorcio dejan a quien la cobra en peor posición económica que su expareja, y peor también que la que tenía durante el matrimonio. No mira quién tuvo la culpa de la ruptura.
Cantidad que uno de los progenitores abona cada mes para cubrir las necesidades de los hijos: alimentación, ropa, vivienda, colegio y salud. La fija el convenio regulador o el juez, cabe también en custodia compartida si hay diferencia de ingresos, y no depende de que hubiera matrimonio.
Documento en el que los progenitores concretan por escrito y con detalle cómo se van a repartir el cuidado, la educación y el tiempo con sus hijos tras la ruptura. En Cataluña es obligatorio presentarlo y Aragón tiene una figura equivalente. En el resto de España es voluntario.
Tratamiento que recibe un plan de pensiones al liquidar los gananciales. El plan sigue siendo de quien lo tiene a su nombre y no se parte por la mitad, pero el dinero común aportado durante el matrimonio se compensa al otro cónyuge en el reparto.
Escritura en la que designas a alguien para que gestione tus asuntos si algún día necesitas apoyo. Podrás dejar que actúe desde el primer día o solo a partir de ese momento, y funciona sin necesidad de acudir al juzgado.
Situación de hecho en la que dos personas se comportan de forma pública y continuada como progenitor e hijo. Sirve para acreditar la filiación cuando no hay inscripción, documento ni sentencia, y condiciona quién puede reclamarla o impugnarla.
Ayuda pública de la Seguridad Social que cobra quien tiene a su cargo un hijo o un menor. Desde que existe el ingreso mínimo vital solo se admiten nuevas solicitudes cuando el hijo tiene discapacidad: la modalidad general ya no se puede pedir, aunque quien la cobraba la mantiene.
Regla legal que da por ganancial, es decir, común de los dos, cualquier bien que aparezca durante el matrimonio mientras nadie demuestre lo contrario. Si sostienes que un bien es solo tuyo, serás tú quien tenga que probarlo con documentos.
Regla legal que atribuye al marido, de forma automática, la paternidad de los hijos nacidos durante el matrimonio y hasta 300 días después de su disolución o de la separación legal o de hecho, sin necesidad de reconocimiento ni de prueba biológica.
Medida excepcional por la que una sentencia priva total o parcialmente a un progenitor de la patria potestad sobre su hijo, por incumplir gravemente los deberes que conlleva o como consecuencia de una causa criminal o matrimonial.
Cauce que se sigue cuando no hay acuerdo: cada parte defiende su posición y es el juez quien decide la custodia, los alimentos, el uso de la vivienda y el resto de medidas. Empezar por aquí no impide reconducirlo después a un pacto.
Vía para separarse o divorciarse cuando los dos cónyuges están de acuerdo: presentáis juntos una propuesta de convenio regulador, os ratificáis por separado ante el juzgado y una sentencia lo aprueba sin necesidad de juicio.
Figura hoy suprimida: era la declaración judicial de que alguien dilapidaba su patrimonio poniendo en riesgo los alimentos de su familia. La Ley 8/2021 la eliminó como institución autónoma, de modo que no puede declararse pródigo a nadie.
Progenitor con quien el hijo o la hija convive de forma habitual y que se ocupa de su cuidado diario cuando la custodia no es compartida. Esa convivencia no le da más poder sobre las decisiones importantes, que siguen siendo de los dos salvo que la sentencia diga otra cosa.
Persona a la que la ley reconoce como madre o padre de un menor sin haber aportado material genético: quien adopta, quien consintió una reproducción asistida con donante o la pareja de la mujer que dio a luz. Su filiación tiene los mismos efectos que cualquier otra.
Progenitor con quien los hijos no conviven habitualmente porque la custodia se ha atribuido al otro. Conserva la patria potestad, tiene derecho a un régimen de visitas, comunicación y estancias, y normalmente abona la pensión de alimentos.
Situación en la que un bien pertenece a varias personas por cuotas ideales, sin que ninguna tenga asignada una parte física concreta. Cada copropietario podrá usar el bien entero, vender su cuota y pedir en cualquier momento que se divida.
Principio que obliga a fijar la pensión de alimentos en función de dos variables: los medios económicos de quien paga y las necesidades reales de quien recibe. Si cualquiera de las dos cambia, la cuantía tendrá que ajustarse.
Reparto de una misma obligación de alimentos entre varias personas obligadas a prestarlos, en proporción a los recursos de cada una. Quien más tiene, más aporta. Es la regla del Código Civil cuando, por ejemplo, varios hijos deben sostener a un progenitor mayor.
Procedimiento en el que un juzgado determina qué apoyos necesita una persona con discapacidad y quién se los presta. Sustituyó al antiguo proceso de incapacitación y solo procede si no basta con lo que la propia persona haya previsto.
Análisis biológico que compara el perfil genético de dos personas para confirmar o descartar un vínculo de paternidad o maternidad. En los pleitos de filiación es la prueba decisiva, y negarse a ella tiene consecuencias.
Informe que elaboran profesionales de la psicología y del trabajo social sobre la dinámica familiar, para orientar al juez cuando debe decidir la custodia o el régimen de visitas. No decide el pleito, pero pesa mucho en él.
Declaración que se toma durante la instrucción —la fase en la que se investiga el caso, antes del juicio—, grabada en vídeo y con todas las garantías, para reproducirla después en la vista sin que la persona tenga que declarar otra vez. Es obligatoria con menores de catorce años en determinados delitos.
Prueba en la que personas que conocen los hechos declaran en la vista. En familia casi siempre son parientes y amigos, así que el juzgado la valora con cautela y suele pesar menos que los documentos o el informe psicosocial.
Servicio social especializado y temporal, al que se accede por resolución judicial o administrativa, donde se realizan las entregas, las recogidas o las visitas entre un menor y su progenitor cuando el contacto directo entre los adultos no es posible o no es seguro.
Delito que comete quien incumple una pena, una medida de seguridad o una medida cautelar ya impuesta, como la prohibición de acercarse a la víctima. En el ámbito familiar la pena es siempre de prisión de seis meses a un año.
Acto en el que cada cónyuge confirma personalmente y por separado, ante el letrado de la Administración de Justicia o ante notario, que sigue de acuerdo con el convenio regulador firmado. Sin ratificación, el procedimiento de mutuo acuerdo se archiva.
Derecho de la persona extranjera residente legal en España a traer consigo a determinados familiares —cónyuge o pareja, hijos menores y, en ciertos casos, los padres— y a que estos obtengan una autorización de residencia vinculada a la suya.
Demanda con la que se pide al juzgado que declare que una persona es hijo o hija de otra cuando esa filiación no consta. Es la vía cuando el progenitor no reconoce voluntariamente al hijo, y permite pedir apellidos y alimentos.
Decisión de dos cónyuges separados, o inmersos en un procedimiento, de reanudar la vida en común. Pone fin al proceso de separación y deja sin efecto lo resuelto en él, aunque tendrás que comunicarla e inscribirla para que valga frente a terceros.
Declaración voluntaria por la que una persona admite que otra es hija suya. Es la vía habitual para determinar la filiación no matrimonial y podrás formalizarla ante el Registro Civil, en testamento o en otro documento público.
Es el paso por el que una resolución dictada por una autoridad de otro país pasa a producir efectos en España. Dentro de la Unión Europea suele ser automático. Fuera de ella, normalmente tendrás que pedir exequátur o reconocimiento incidental.
Recurso con el que se pide a la Audiencia Provincial que revise una sentencia de primera instancia. Se interpone en veinte días y, en los pleitos de familia, no suspende las medidas acordadas: tendrás que seguir cumpliéndolas.
Parte del régimen de visitas que reparte entre los progenitores las vacaciones escolares —Navidad, Semana Santa y verano— y los periodos no lectivos, normalmente por mitades y con un turno de elección alterno cada año.
El régimen de participación funciona como una separación de bienes mientras dura el matrimonio, pero al extinguirse cada cónyuge tiene derecho a participar en las ganancias obtenidas por el otro. Es el menos usado de los tres regímenes del Código Civil.
Conjunto de días, horarios y condiciones en que el progenitor que no convive habitualmente con el hijo puede visitarlo, comunicarse con él y tenerlo en su compañía. Es, ante todo, un derecho del menor, no del adulto.
El régimen económico matrimonial es el conjunto de reglas que determina de quién es cada bien, quién responde de las deudas y cómo se reparte el patrimonio cuando el matrimonio termina. Se elige en capitulaciones y, si no se elige, lo impone la ley.
Es el Reglamento (UE) 2019/1111, aplicable desde el 1 de agosto de 2022. Determina qué tribunal de la Unión Europea puede resolver tu divorcio o un asunto de hijos, hace circular esas resoluciones sin exequátur y refuerza las restituciones por sustracción.
El Reglamento (UE) 1259/2010, llamado Roma III, determina qué ley nacional rige el fondo de tu divorcio o de tu separación cuando hay elemento extranjero. No decide qué tribunal es competente: de eso se ocupa el Reglamento Bruselas II ter.
Créditos que ajustan las cuentas entre los patrimonios privativos y el común al liquidar: lo que la sociedad de gananciales tiene que devolver al cónyuge que puso dinero propio, y lo que un cónyuge tiene que devolver a la sociedad.
Acto por el que alguien deja de reclamar alimentos. El derecho a los alimentos futuros es irrenunciable, sobre todo si el beneficiario es un hijo menor. Solo podrás renunciar a las mensualidades ya vencidas y no cobradas.
Conjunto de técnicas médicas acreditadas científicamente que permiten la gestación sin relación sexual, como la inseminación artificial o la fecundación in vitro. En España las regula la Ley 14/2006, que fija quién puede acceder a ellas y cómo se determina la filiación.
Forma de disolución del matrimonio propia de algunos ordenamientos islámicos en la que el marido pone fin al vínculo por su sola voluntad. En España no produce ningún efecto civil, y reconocer uno dictado en el extranjero choca con el orden público, empezando por la igualdad entre hombre y mujer.
Es el país donde el menor tiene su centro de vida real, aquel en el que está integrado social y familiarmente. No coincide necesariamente con el empadronamiento ni con la nacionalidad, y decide qué tribunal resolverá sobre custodia y visitas.
Resolución judicial que ordena devolver a un menor trasladado o retenido ilícitamente al país donde tenía su residencia habitual. No decide quién tendrá la custodia: devuelve el asunto al juez que debe resolverla, y por eso se tramita con plazos muy cortos.
Se produce cuando un menor sale del país de forma lícita, por ejemplo de vacaciones, y no se le devuelve al terminar el periodo autorizado. Equivale a una sustracción internacional de menores y te permite pedir su restitución.
Regla que fija desde qué fecha se deben los alimentos. Cuando se establecen por primera vez, se abonan desde la interposición de la demanda. Cuando solo se modifica una pensión ya existente, la nueva cuantía rige desde la sentencia que la acuerda.
Trámite por el que el juzgado comprueba si los apoyos acordados siguen siendo los adecuados. Es obligatorio cada tres años como máximo y también cuando cambia la situación de la persona.
Resolución judicial que declara disuelto el matrimonio y fija las medidas que regirán a partir de entonces: custodia, alimentos, uso de la vivienda o pensión compensatoria. Produce efectos desde que es firme, es decir, desde que ya no cabe recurso contra ella.
En el régimen de separación de bienes cada cónyuge conserva la propiedad, la administración y la libre disposición de sus bienes, los que ya tenía y los que adquiera después. No se genera patrimonio común, pero ambos deben contribuir a las cargas familiares.
Ruptura efectiva de la convivencia entre cónyuges sin sentencia, decreto ni escritura que la formalice. El matrimonio sigue intacto en el Registro Civil, pero la ley ya reconoce efectos importantes a esa situación, sobre todo en herencia y en gananciales.
Situación en la que un matrimonio suspende la vida en común y regula sus efectos por sentencia, decreto o escritura pública, pero sin disolver el vínculo. Quien está separado legalmente sigue casado y no podrá contraer nuevo matrimonio.
Base de datos policial del Ministerio del Interior que valora el riesgo de que una víctima de violencia de género vuelva a sufrir una agresión y determina las medidas de protección que le corresponden. Desde 2025 funciona la versión VioGén 2.
Situación en la que un menor se queda sin la atención básica que necesita porque quienes deben cuidarlo no cumplen, no pueden o no saben hacerlo. Cuando la administración lo declara, pasa a asumir ella misma la tutela del menor de forma automática.
La sociedad de gananciales es el régimen económico en el que las ganancias que obtiene cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio se hacen comunes y se reparten por mitad cuando el matrimonio termina. Es el que se aplica por defecto en la mayor parte de España si no se pactó otro ante notario.
Regla por la que un bien nuevo ocupa el lugar de aquel al que sustituye y adopta su misma condición. Si vendes una vivienda privativa, solo tuya, y con ese dinero compras otra, la nueva también será privativa. Si el dinero era de los dos, lo comprado es ganancial.
Medida que aparta temporalmente a un progenitor de las decisiones sobre sus hijos cuando está investigado o condenado por violencia. Es cautelar y revisable, a diferencia de la privación de la patria potestad, que se acuerda en sentencia.
Medida por la que el juzgado deja sin efecto las visitas, las estancias y las comunicaciones de un progenitor con sus hijos por razones de violencia. Desde la Ley 8/2021 la suspensión es la regla y mantener el contacto exige una resolución motivada.
Disposición testamentaria por la que se encarga al heredero que conserve los bienes y los transmita después a otra persona. Es la herramienta que permite proteger a un hijo en situación de discapacidad gravando la legítima estricta de los demás.
Ocurre cuando uno de los progenitores se lleva al hijo a otro país, o no lo devuelve tras una estancia autorizada, y con ello vulnera el derecho de custodia del otro. La respuesta es un procedimiento urgente de restitución al país donde el menor vivía.
Herramienta de cálculo elaborada por el Consejo General del Poder Judicial que sugiere un importe de pensión de alimentos a partir de los ingresos de los progenitores, el número de hijos y la comunidad autónoma. Orienta, pero no vincula al juez.
Testamento otorgado por una persona con discapacidad. Desde la Ley 8/2021 basta con que, a juicio del notario, pueda comprender y manifestar el alcance de sus disposiciones: ya no se exige el informe previo de dos médicos.
Consiste en sacar a un menor del país donde reside habitualmente vulnerando el derecho de custodia de quien lo estaba ejerciendo. Junto con la retención ilícita, es una de las dos formas de sustracción internacional de menores, y abre la vía urgente de restitución.
Cargo por el que una persona o entidad cuida y representa a un menor no emancipado que no está sujeto a patria potestad o que se encuentra en situación de desamparo. Se ejerce como un deber y bajo la vigilancia del juzgado.
Es la condición que determina qué derecho civil se aplica a una persona: el común del Código Civil o el foral de Cataluña, Aragón, Navarra, Baleares, Galicia o el País Vasco. Se adquiere por filiación, por opción o por residencia.
Persona que, por su edad, su discapacidad, su dependencia o su situación de convivencia, necesita una protección reforzada frente al delito. En el ámbito familiar agrava la respuesta penal y activa medidas específicas durante el proceso.
Violencia que un hombre ejerce sobre una mujer que es o ha sido su cónyuge o su pareja, aun sin convivencia, como manifestación de la discriminación y de la desigualdad. La define el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004.
Violencia física o psíquica que se ejerce sobre personas del entorno familiar o de convivencia: hijos, padres, hermanos, abuelos o personas a cargo. Quién entra en ese círculo de víctimas lo fija el artículo 173.2 del Código Penal.
Uso del dinero como herramienta de dominio: impedir trabajar, apropiarse de los ingresos, bloquear el acceso a las cuentas, ocultar patrimonio o dejar de pagar lo que fijó un juez. En España no constituye un delito autónomo.
Maltrato que no deja marca física: insultos, humillaciones, amenazas, control, aislamiento o desprecio continuado. La Ley Orgánica 1/2004 la sitúa expresamente dentro del concepto legal de violencia de género.
Violencia que el agresor ejerce sobre los hijos o sobre otras personas del entorno de la mujer con el fin de dañarla a ella. El artículo 1.4 de la Ley Orgánica 1/2004 la reconoce expresamente como una forma de violencia de género.
Régimen en el que el contacto entre un progenitor y sus hijos se desarrolla en presencia de profesionales, normalmente en un Punto de Encuentro Familiar. Es la vía intermedia entre las visitas ordinarias y la suspensión total del contacto.
Sesión en la que, cuando no hay acuerdo, cada parte declara, se practican las pruebas y los abogados exponen sus conclusiones ante el juez o la jueza. Es el juicio, y tendrás que acudir en persona: no basta con mandar al abogado.
Es el inmueble que sirve de hogar habitual a la familia. Aunque pertenezca solo a uno de los cónyuges, no puede venderse ni hipotecarse sin el consentimiento del otro, y tras la ruptura su uso se decide pensando en los hijos.
Vivienda que pertenece a la sociedad de gananciales y sobre la que todavía pesa un préstamo hipotecario. En el inventario se computa por su valor de mercado menos la deuda pendiente, y el banco puede seguir reclamando a ambos.
Criterio que guía hoy todo apoyo a una persona con discapacidad: quien la apoya debe atender a lo que ella quiere, no a lo que otros consideran mejor para ella. Sustituyó al antiguo interés objetivo.
Esta ficha tiene finalidad exclusivamente divulgativa y no constituye asesoramiento jurídico. La aplicación de cada concepto depende de las circunstancias del caso y de la normativa foral o autonómica que resulte aplicable. Consulte con un abogado antes de tomar cualquier decisión.