ABOGADOS RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

El ordenamiento jurídico establece ciertos órganos especializados en la Jurisdicción Contencioso Administrativas a quienes atribuye la competencia para conocer de este tipo de recursos:

• Juzgado de lo Contencioso-Administrativo: extienden su competencia sobre la Provincia.
• Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo: con sede en Madrid, extienden su competencia sobre todo el territorio estatal.
• Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ): tendrán competencias sobre el territorio de una Comunidad Autónoma. En un TSJ podrán existir varias salas que extiendan su competencia a una o varias Provincias de la Comunidad.
• Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (AN): con competencia sobre todo el territorio estatal.
• Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS): su competencia se extiende sobre todo el territorio estatal.

Según lo dispuesto el artículo 19.1 de la Ley 29/1998 estarán legitimados para interponer el recurso contencioso administrativo:

• Las personas físicas o jurídicas que tengan un derecho o interés legítimo.
• Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y cualquier entidad cuando teniendo capacidad procesar resulten afectados o estén habilitados por ley  para actuar en defensa de los  derechos e intereses legítimos colectivos.
• La Administración del Estado para impugnar los actos y disposiciones de las Administraciones autonómicas y locales.
• La Administración de las Comunidades Autónomas, para impugnar los actos  y disposiciones de la Administración del Estado, de cualquier otra Administración autonómica o de las Entidades Locales que afecten al ámbito de su autonomía.
• Las Entidades Locales para impugnar los actos y disposiciones de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas o de otros Entes Locales que afecten al ámbito de su autonomía.
• Cualquier Entidad de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas para impugnar los actos o disposiciones que afecten a sus fines (salvo, como regla general, que emanen de la Administración de la que dependan).
• El Ministerio Fiscal en los procesos en los que así lo determine la Ley.

• Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos previstos legalmente.

• Los sindicatos y asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, siempre que sea para la defensa del derecho de igualdad respecto de sus afiliados y asociados y gocen de su autorización.

Podrán constituirse como parte demandada por recurso contencioso administrativo cualquiera de las siguientes:

• Las Administraciones públicas: se entenderá por Administraciones públicas:
• La Administración General del Estado.
• Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
• Las Entidades que integran la Administración local.
• Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales.
• Cualquiera de los siguientes órganos contra cuya actividad se dirija el recurso:
• Los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, así como de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, respecto a su actividad en materia de personal, administración y gestión patrimonial de derecho público.
• El Consejo General del Poder Judicial y los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales, respecto a su actividad administrativa.
• La Administración electoral
• Las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos puedan verse afectados si se estiman las pretensiones del demandante.
• Las aseguradoras de las Administraciones públicas: siempre serán parte codemandada junto con la Administración a quien aseguren.

El recurso contencioso administrativo puede interponerse contra:

• Las disposiciones de carácter general y los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean:
• Definitivos: ponen fin a la vía administrativa a decidir sobre el fondo del asunto.
• De trámite: siempre que decidan directamente o indirectamente del fondo del asunto, determinen la imposibilidad de seguir el procedimiento, provoquen indefensión o un perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
• La inactividad de la Administración Pública
• Las actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos legalmente.
• Los actos de la Administración producidos por la aplicación de disposiciones de carácter general que no sean conformes a Derecho.

En todo caso, es obligatorio que el interesado intervenga en el procedimiento contencioso administrativo asistido de Abogado, que será preferiblemente un especialista en materia contencioso-administrativa.

No obstante, la representación mediante Procurador solo será obligatoria cuando el recurso se tramite ante un órgano colegiado (Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo), pero no cuando se tramite ante los órganos unipersonales (Juzgados y Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo), en cuyo caso las notificaciones se entregarán al propio Abogado.

Sin embargo, el funcionario público, con carácter excepcional cuando interponga el recurso en defensa de sus derechos estatutarios o relativos a cuestiones de personal, podrá actuar por sí mismo sin necesidad de venir asistido por abogado ni representado por procurador.

Cuando la recurrente sea la propia Administración Pública  o los órganos constitucionales, la representación y defensa por Abogado y Procurador se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, así como por el resto de normas al respecto de ámbito autonómico.

Es importante tener en cuenta la forma en que se ha de presentar este tipo de recursos. El recurso contencioso-administrativo deberá iniciarse mediante un escrito sencillo que como mínimo deberá contener:

• La identificación del que interponga el recurso y el órgano al que se dirige.
• Especificar el acto, la inactividad, la disposición o actuación administrativa que se recurre.
• La firma del abogado, y en su caso, del procurador.

Este escrito deberá venir acompañado por el documento que contenga la disposición o acto expreso que se recurre o la indicación del expediente en que haya recaído el acto o la inactividad o vía de hecho; así como cuantos documentos sean necesarios para acreditar que se cumplen los requisitos exigidos para interponer el recurso.

Presentado el escrito de interposición, el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) examinar de oficio la validez de la comparecencia y podrá:

• Admitir el recurso: si considera que es válida.
• No admitir el recurso: si estima que no se han acompañado los documentos exigidos o estos fueran incompletos, o no se cumplen los requisitos legalmente exigidos, requerirá al recurrente para que subsane los defectos en el plazo de 10 días, pues de no hacerlo en dicho plazo, se archivarán las actuaciones.

El plazo de interposición de este recurso contencioso dependerá del caso concreto y de lo que se pretenda recurrir, así los plazos varían según:

• Si se recurre un acto expreso: deberá interponerse en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la publicación o notificación del acto o resolución que ponga fin a la vía administrativa.

• Si se recurre un acto presunto: se podrá recurrir en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente a que se produjera el acto presunto en cuestión.
• Si se recurre la inactividad de la Administración ante una reclamación (si la Administración no cumple lo solicitado o llega a un acuerdo con el interesado en el plazo de 3 meses): el recurso podrá presentarse en el plazo de 2 meses desde la fecha en que trascurrió el plazo de tiempo para pronunciarse.
• Si se recurre la no ejecución de actos firmes por la Administración: será recurrible en el plazo de 2 meses desde que trascurrió el plazo de 30 días desde que se dictó el acto sin que este se ejecutara.
• Si se recurre una actuación administrativa en vía de hecho: el plazo para recurrir será de 10 días desde el día siguiente a aquel en que hubieran trascurrido el plazo de 10 días sin atender la Administración al requerimiento intimando su cesación, o si no se hubiera formulado requerimiento, de 20 días desde que se inició la actuación administrativa en vía de hecho.
• Si se recurre la desestimación del recurso de reposición interpuesto previamente: el plazo para recurrir será de 2 meses desde a contar desde el día siguiente a aquel en que se notifique que el recurso de reposición fue desestimado expresamente por la Administración o por silencio administrativo.
• Si el recurso se interpone entre Administraciones Públicas: el plazo será de 2 meses salvo que se establezca otro plazo distinto.