Delito de falsedad documental

¿Qué es la falsedad documental?

Son muchas las dudas que surgen acerca del delito de falsedad documental, por lo que desde ABOGA2, como abogados especialistas en derecho penal queremos aclarar qué se entiende por el delito de falsedad documental.

El delito de falsedad documental aparece regulado en el artículo 386 al artículo 206 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y aunque parezca no revestir demasiada importancia, se trata de un delito grave que puede tener consecuencias catastróficas, que puede acarrear incluso penas de prisión que pueden llegar a varios años.

En nuestro despacho, como abogados penalistas con una larga experiencia en este tipo de delitos, le recomendamos que en caso de encontrarse ante esta situación no dude en contactarnos con la mayor brevedad posible.

¿Qué hay que hacer para cometer el delito de falsedad documental?

Aunque son muchas las modalidades por las que se puede incurrir en un delito de falsedad documental para que pueda considerarse la existencia de un delito de esta clase, el legislador exige que el autor lleve a cabo, alguna de las siguientes conductas:

  • Que altere alguno de los elementos o requisitos esenciales de un documento
  • Que simule en todo o en parte un documento de manera suficiente para inducir a error a otro sobre su autenticidad.
  • Que suponga que en un acto han intervenido personas que en realidad no intervinieron, o de haber intervenido les atribuya declaraciones o manifestaciones distintas a las que realizaron.  
  • Que falte a la verdad en la narración de los hechos.

¿Cuál es la pena por un delito de falsedad documental?

El Código Penal establece diferentes penas de prisión que varían desde tres a seis años y multa, según el tipo de delito de falsedad documental ante el que nos encontremos.

Por tanto la gravedad de la pena va a depender del tipo de documento sobre el que recaiga la falsedad y sus características, del tipo de falsedad realizada y quien sea la persona que comete el delito.

¿Qué tipos de falsedad documental existen?

En primer lugar, es necesario aclarar el concepto jurídico de documento, que conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del Código Penal, se considera documento: “todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica”

Una vez conocido el concepto de documento, podemos encontrarnos distintos tipos de falsedad dependiendo del documento objeto del delito. Así, El Código Penal distingue los siguientes:  

  1. Falsificación de documentos oficiales, documentos mercantiles y documentos públicos

El delito de falsedad documental sobre documentos públicos, oficiales o mercantiles aparece regulado en los artículos 390 a 394 del Código Penal. Primero de todo, es necesario concretar que se entiende por documento público, oficial o mercantil:

  1. Un documento público u oficial, según dispone el artículo 1216 del Código Civil, es todo aquel que ha sido autorizado por Notario u otro funcionario público competente respectivamente, acreditando los hechos que en él se describen y su fecha, con las solemnidades legalmente requeridas. El artículo 317 de la Ley de Enjuiciamiento Civil recoge un listado de los documentos considerados como tal.
  2. Por documentos mercantiles, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha entendido aquellos comprendidos en la esfera del Código de Comercio y las leyes mercantiles, que pese a ser documentos privados, por la importancia que revisten en el tráfico penal, la Ley los equipara a los documentos públicos. Ejemplo de ello son las letras de cambio, pagarés, cheques, facturas, etc.

Así bien, el Código Penal establece una pena distinta en función de quien sea el sujeto que comete el delito sobre alguno de los documentos antes mencionados. Dispone la Ley que cuando se cometa por:

  • Una autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones: serán castigados con la pena de  prisión de 3 a 6 años y multa de 6 a 24 meses, además de la pena de inhabilitación especial por un periodo de 2 a 6 años.

Con las mismas penas serán castigados cuando el delito se cometa por los responsables de cualquier confesión religiosa respecto de los actos y documentos susceptibles de afectar al estado de las personas o al orden civil.

No obstante, la Ley penal prevé el delito de falsedad documental cometido con  imprudencia grave o dicha imprudencia hubiera llevado a un tercero a cometerlo, siempre que el sujeto activo sea una  autoridad o funcionario público. Pues de modo contrario a lo que ocurre cuando el autor es un particular -para los que solo se prevé el delito en su modalidad dolosa-, el Código Penal en caso de imprudencia impone al responsable una pena menor, pudiéndose imponer así una pena de prisión de 6 a 12 meses y suspensión por un periodo de 6 meses a 1 año.

  • Un particular: para los particulares (incluyendo los funcionarios públicos cuando no actúen en el ejercicio de sus funciones), siempre que incurran en alguna de las tres primeras conductas tipificadas, se prevé una pena menor, pues aquellos serán castigados con las penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses.

Por tanto, a diferencia de las autoridades o funcionarios públicos encargados de redactar los documentos, no está penado el hecho de que un particular falte a la verdad en la narración de los hechos. Por lo que basta con que el funcionario haga constar en el documento fielmente los hechos narrados por el particular, independientemente de que estos no sean ciertos por la falsa narración del particular.

Por otra parte, el Código Penal no solo sanciona la intervención del particular en la falsificación de los documentos, sino que castiga con las mismas penas a quien traficase con un documento de identidad falso, y con una pena menor que puede ir de pena de prisión de 6 meses a 1 año y multa de 3 a 6 meses a quien usase conscientemente  un documento de identidad falso.

Asimismo, el uso de los documentos falsificados será sancionado con la pena inferior en grado prevista para quienes los falsifiquen.

  1. Falsificación de documentos privados

Es necesario aclarar que se entiende por documento privado, pues pese a que el Código Civil no contiene una definición propiamente dicha de los mismos, esta se deduce de la Ley de Enjuiciamiento Civil que los define en su artículo 324 en sentido negativo, como todos aquellos documentos que no se hallen recogidos en el artículo 317 de la referida ley.

Es decir, por documento privado deducimos todos aquellos documentos que no tengan carácter público, oficial ni mercantil, cuyo valor se equipara al de la escritura pública entre quienes lo hubieran suscrito y sus causahabientes.

Este delito aparece recogido en el artículo 395 del Código Penal, y se prevé en las mismas circunstancias que el delito cometido por particulares sobre documentos públicos, oficiales o mercantiles, es decir, cuando el particular incurriera en alguna de las tres primeras conductas tipificadas en el artículo 390.1 de este código, quedando excluida la falta de veracidad en la narración de los hechos.

Si bien, a diferencia del anterior, cuando el delito recae sobre documentos privados la ley prevé una pena de prisión de 6 meses a 2 años, exigiéndose expresamente para poder condenarlo que exista una intención o voluntad de perjudicar a otro con la falsificación, no siendo suficiente el mero hecho de desvirtuar la verdad a través de un documento.

Igualmente y como referíamos anteriormente, el uso de estos documentos objeto conllevan a la pena inferior en grado que correspondería al falsificador.  

  1. OTROS TIPOS DE FALSIFICACIONES

1. FALSIFICACION DE CERTIFICADOS

Los certificados tienen gran trascendencia, en la medida en que garantizan la autenticidad o acreditación de un hecho real que ha sido previamente comprobado o verificado por quien lo certifica, quien compromete su responsabilidad asegurando que el mismo corresponde a la realidad por él conocida y en el mismo plasmada.

Por ello, el Código Penal en sus artículos 397 a 399 recoge el delito de falsificación de certificados, estableciendo diferentes penas según el autor que come el ilícito. Atendiendo a ello la pena varía según se cometa por:

  • Facultativo: cuando estos librasen certificado falso serán castigados con la pena de multa de tres a doce meses
  • Autoridad o funcionario público: aquellos que libren una certificación falsa –quedan excluidos los certificados relativos a la Seguridad Social y Hacienda- con escasa trascendencia en el tráfico jurídico serán castigados con la pena de suspensión de 6 meses a 2 años.

Si bien, esto ha sido objeto de controversia, por cuanto se ha discutido que cuando se emite un certificado falso por autoridad o funcionario en realidad se está emitiendo un documento público falso, por lo que correspondería imponer una pena mayor. Para evitar esta confusión, es necesario atender a la gravedad y trascendencia de la falsificación, de modo que solo cuanto la alteración sea “de escasa trascendencia” se considerará un delito de falsificación de certificados.

  • Particular: se prevé una pena de multa de 3 a 6 meses para el particular que falsifique un certificado o quien teniendo conocimiento de su falsedad la use o trafique con ella de cualquier modo.

2. Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje

El art 399 bis. Del CP incrimina los comportamientos de falsificación mediante alteración, copia o reproducción y de cualquier otro modo de falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, con lo que típica también la fabricación o creación de los mismos. Asimismo se incrimina equiparada a la conducta anterior la tenencia de tales instrumentos para destinarlos a la distribución o al tráfico.

La ley establece la posibilidad de cometer este delito tanto por una persona física, que será penada con prisión de 4 a 8 años (en su mitad superior cuando la falsedad perjudique a varias personas o los hechos se comentan en el seno de una organización criminal dedicada a esta actividad), o por una persona jurídica, en cuyo caso la pena será de multa entre 2 y 5 años.

No obstante cuando la conducta se limite al uso, con conocimiento de la falsedad y causando un perjuicio a otro, la pena prevista disminuye, y corresponderá la pena de prisión de 2 a 5 años.

3. Usurpación de funciones públicas y del intrusismo

El delito de usurpación de funciones públicas está contemplado en el artículo 402 del Código Penal, que establece: “el que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años”.

Asimismo dispone el artículo 402.bis de la ley penal: “El que sin estar autorizado usare pública e indebidamente uniforme, traje o insignia que le atribuyan carácter oficial será castigado con la pena de multa de uno a tres meses”.

En consecuencia, este delito solo puede cometerse por quienes no participen en el ejercicio de las funciones usurpadas, aquellos que tuvieran atribuidas su ejercicio pero actuaran fuera del desempeño de su cargo o quienes no les correspondiera por haber cesado en su ejercicio.

En cualquier caso, se exige que sin necesidad de que exista un resultado dañoso, la apariencia de la alteración recaiga sobre elementos esenciales, de tal forma que fuera suficiente para producir un perjuicio causando una lesión a los intereses ajenos.

Por su parte, el artículo 403 tipifica el delito de intrusismo, el cual puede cometerse por realizar alguna de las siguientes conductas:

  1. Ejercer actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España: se sancionará con la pena de multa de 12 a 24 meses.
  2. Desarrollar la actividad profesional sin el título oficial acreditativo y habilitante legalmente exigido para el ejercicio de la misma: incurrirá en pena de multa de 6 a 12 meses.

Además la pena se agravará y podrá conllevar a la pena de prisión de 6 meses a 2 años cuando en alguno de los supuestos anteriores, el responsable:

  • Tuviera la cualidad de profesional a la que el título se refiere.
  • Si la llevara a cabo en un local o establecimiento abierto al público en el que se anunciare la prestación de servicios propios de aquella profesión.

4. Falsificación de moneda y efectos timbrados

El Código Penal establece una fuerte represión contra el delito de falsificación de la moneda en sus artículos 386 y ss., llegando a imponer penas de prisión de 8 a 12 años e importantes multas económicas.

Por moneda, entiende el Código penal la moneda en metal o papel de curso legal, incluyendo tanto las monedas nacionales como las correspondientes a Estados de la Unión Europea y terceros Estados.

Así, las conductas tipificadas por la ley penal son:

  • La alteración de la moneda: alterar la apariencia de la moneda a fin de otorgarle un mayor valor que el propio.
  • Fabricación de monedas falsas: crear monedas mediante su imitación.
  • Introducción en el país o exportación a otros países de monedas falsas o alteradas
  • Expedición o distribución de monedas falsas o alteradas: cuando no habiendo participado en su fabricación o alteración, pero a sabiendas de ello, se pusieran en circulación.

Se prevé la imposición de la pena en su mitad superior, cuando el sujeto además de ello, pusiera la moneda falsa en circulación.

Igualmente, la ley sanciona con la pena inferior en uno o dos grados, a aquellos que sin haber intervenido en la falsificación, alteración o introductor, el sujeto la tiene, recibe u obtiene con un ánimo de expedirla, distribuirla o ponerla en circulación.

Evidentemente,  quien recibe moneda falsa de buena fe, no será castigado ya que no conocía la falsedad en el momento de la recepción. No obstante, si posteriormente se entera y aun así la expende o distribuye, será sancionado con la pena de multa de 1 a 3 meses, o con la pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 24 meses cuando la cuantía excediera de 400 euros.

Cuando, el responsable de los delitos sea una persona jurídica, se le impondrá la pena de multa del triple al décuplo del valor aparente de la moneda.`

Se castiga también estas conductas en relación a la falsificación de sellos de correo o efectos timbrados (artículo 389 CP)

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