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Absuelto de conducir borracho por no poderse demostrar quien era el conductor

Absuelto Alcoholemia

Otro gran éxito conseguido por nuestros Abogados de Alcoholemia esta vez ante Juzgado de lo Penal de la Comunidad de Madrid al haber sido absuelto del delito del que se le acusaba un cliente del despacho de abogados ABOGA2.

Después de celebrarse el Juicio se dictó sentencia absolutoria ya que con la prueba practicada no podía asegurarse que el acusado fuese el conductor del vehículo en el momento en el que se produjo el accidente.

El Ministerio Fiscal por el Ministerio Fiscal acusaba a nuestro cliente de haber cometido un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas del art. 379.2 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, y solicitaba para el mismo una pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 10 Euros y responsabilidad personal subsidiario para el caso de impago de multa del artículo 53 CP, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por plazo de dieciséis meses con aplicación del art. 47.3 del Código Penal y costas.

Como responsabilidad civil el acusado debería indemnizar al Exmo. Ayuntamiento de Leganés, en la cantidad de 328,32 euros por haber golpeado con el vehículo mobiliario urbano público y haber ocasionado desperfectos en el mismo. Esa cantidad se tendría que ver incrementada con los intereses legales de conformidad con el artículo 576 de la LEC.

En el caso que hoy exponemos se practicó la prueba interesada por la defensa entre la que encontramos la declaración del propio acusado quien en el acto del juicio sólo contestó a las preguntas de la defensa, es decir de su propio abogado a quien le contestó que, sino que quién conducía era su novia diciendo que había sido él porque su novia no tenía carnet de conducir

Como es normal en el acto del Juicio se celebraron más pruebas entre las que encontramos la declaración de varios agentes de la policía local. El primer agente declaró que acudieron al lugar porque alguien avisó de que se había producido un accidente, pero no les dijeron si quien conducía era un varón o una mujer.

Continuó el primer agente de la Policía Local manifestando que cuando llegaron vieron a tres personas y les preguntaron y una chica empezó a decir que no quería problemas y empezó a llorar y el señor dijo que conducía él, pero que no había atropellado a nadie. Como el señor reconoció que era el conductor le hicieron a él la prueba a las chicas no.

Después del primer agente de la policía local declaró un segundo agente de la policía local quien manifestó que acudió al lugar del accidente y vieron a tres personas que estaban como a unos 60 metros del lugar. Las chicas dijeron que conducía él (el señor) y él lo reconoció, sólo se le hizo la prueba a él. No recuerda si comprobaron que los tres tenían carnet de conducir, las llaves las tenía el acusado.

Un tercer agente de la policía local manifestó que hizo la prueba de alcoholemia, la diligencia de síntomas y la inspección ocular y ratificó el atestado. Fueron al lugar porque había habido un accidente y el señor al que hicieron la prueba les contó cómo se había producido el mismo diciendo que entró rápido en una rotonda y como había llovido perdió el control del vehículo. Este agente de la policía manifestó que No leyeron sus derechos al acusado.

Declaró otro agente de la policía local quien manifestó que hizo la prueba de alcoholemia, la inspección ocular y la diligencia de síntomas. El señor al que hicieron la prueba dijo que era el conductor, le preguntaron cómo fue el accidente y les explicó lo sucedido, que entró muy rápido en la glorieta y se le fue el coche.

En la Sentencia el Juez absuelve del delito de alcoholemia a nuestros cliente y lo hace ya que y citamos textualmente

“De acuerdo con el resultado de la prueba practicada se considera procedente el dictado de una sentencia absolutoria para el acusado por los hechos objeto de acusación. El acusado en el acto de la vista ha mantenido que él no era el conductor del vehículo y que era su novia quien lo conducía atribuyéndose él la responsabilidad porque su novia carecía del necesario permiso de conducir. Por su parte los agentes de la policía local de Leganés manifestaron que el propio acusado les reconoció que era él el conductor.”

“No obstante lo anterior, el reconocimiento ante los agentes no se estima suficiente para establecer la autoría de los hechos por parte del acusado. Ha de tenerse en cuenta que ninguno de los agentes le vieron conducir y si bien lo lógico es que se hubiera traído al acto de la vista a la novia del acusado en el tiempo de los hechos para avalar su versión, no puede descartarse que el asumir la responsabilidad del hecho pudo venir dada por el intento de eximir de responsabilidad en el accidente a su novia de la que dice carecía del necesario permiso de conducir.”

A modo de resumen, aunque el acusado había reconocido su autoría en el momento del accidente a los agentes de la autoridad posteriormente lo negó en el acto del juico siendo lo verdaderamente relevante la declaración en el Juicio Oral.

En el juicio pasaron más cosas. Por el Letrado de la defensa se sostuvo la nulidad del atestado por cuanto al acusado no se le leyeron sus derechos, pero la sentencia no admitió tal nulidad y avaló la tesis del Ministerio Fiscal que consistía en que el acusado no fue detenido como consecuencia de estos hechos ofreciéndole la información oportuna en relación con la prueba de alcoholemia y su posibilidad de contraste en la diligencia de práctica que aparece firmada por el acusado.

Continuó justificando la validad de las pruebas en la teoría de las declaraciones espontáneas según la cual, como señala la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, no suponen vulneración de derechos fundamentales, pues en materia de infracción de la legalidad, hay que distinguir entre legalidad ordinaria y legalidad constitucional, y solo la vulneración de esta última, provoca las consecuencias previstas en el art. 11.1 de la LOPJ, según la dicción de dicho precepto.

Ninguna ley prohíbe, como dicen las sentencias de esta Sala de siete de Febrero y 27 Marzo de 2000, que las personas detenidas realicen, de forma voluntaria y espontánea, determinadas manifestaciones a la Autoridad o a sus agentes, confesando su culpabilidad e incluso ofreciéndose a colaborar con ellos -cualesquiera que puedan ser los móviles de su conducta o la finalidad perseguida-, sea para evitar el agotamiento de la acción delictiva (piénsese en la posibilidad de informar de la colocación de explosivos programados, de la pretensión de los implicados de matar a determinada persona, etc.), sea para evitar la desaparición de los útiles, de los efectos o de los instrumentos de delito (piénsese en los casos de depósitos de armas o de explosivos, del cuerpo del delito, etc.), sea para evitar la causación de perjuicios a terceras personas o para tratar de disminuir los efectos de la acción delictiva, por cuanto este tipo de conductas -cuya eficacia puede depender en muchos casos de la intervención urgente de los agentes de la autoridad- están expresamente previstas en la propia ley como circunstancias que pueden atenuar la responsabilidad de los delincuentes y que, en todo caso, procede potenciar en cuanto confluentes con los fines de la justicia y, en definitiva, del interés social (v. art. 21.4ª, 5ª y 6ª Código Penal). Desde esta perspectiva, pues, las posibles manifestaciones que hubiera podido efectuar el recurrente, voluntaria y espontáneamente, no pueden considerarse contrarias al ordenamiento jurídico, y por tanto, las mismas no pueden afectar a la posible eficacia probatoria de las ulteriores diligencias practicadas, con pleno respeto de las exigencias legales y constitucionales.

Pues bien, nuestros letrados no comparten este criterio ya que en ningún caso podemos entender que nos encontramos ante declaraciones espontáneas sino que las mismas se produjeron después de las preguntas efectuadas por los agentes de la autoridad. Las declaraciones espontáneas son aquellas que no son provocadas por ej. Un hombre dispara a una persona y se presenta en el cuartel de la Guardia Civil y confiesa sin que exista un interrogatorio por parte de los agentes y la teoría de este despacho ha sido avalada por diferentes Audiencias Provinciales e incluso por el Tribunal Supremo pero ello será objeto de otro post.

En el caso estudiado hoy debemos tener en cuenta que la hipótesis expuesta por el Ministerio Fiscal durante el Juicio y por la que se acusaba a nuestro patrocinado aunque fuera razonable y posible no fue acreditada para quebrar el principio de presunción de inocencia por lo que la Juzgadora no optó por la opción más desfavorable para el acusado sino que optó por la opción más favorable al acusado lo que llevó a un fallo absolutorio, toda vez que no existía prueba de cargo para, enervando la presunción de inocencia que ampara al acusado, declarar que condujo el vehículo con una tasa real superior al umbral legal o bajo la negativa influencia de las bebidas alcohólica, a efectos penalmente relevantes. No hay que olvidar que en nuestro derecho rige el principio de presunción de inocencia, de modo, que cuando surja un atisbo de duda por ínfimo que sea procede el dictado de una sentencia absolutoria.

Al hilo de lo expuesto, Señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 137/88 de 7 de julio y ha reiterado en numerosas resoluciones, que la presunción de inocencia ocasiona un desplazamiento de la carga de la prueba a las partes acusadoras a quienes incumbe exclusivamente probar los hechos constitutivos de la pretensión penal, debiendo ser suficiente para generar en el juzgador la evidencia de la existencia un hecho punible y de la responsabilidad penal que haya tenido en él el acusado, así como sustentarse la actividad probatoria en auténticos medios de prueba obtenidos con respeto a los derechos fundamentales y practicados en el juicio oral bajo los principios de igualdad, contradicción, inmediación y publicidad, exceptuándose los supuestos de prueba preconstituida y anticipada siempre que se observe el de un cumplimiento de determinados requisitos materiales (imposibilidad de reproducción en el juicio oral), subjetivos (intervención del juez de instrucción), objetivos (contradicción con la intervención de letrado) y formales (introducción en el juicio través de la lectura de los documentos)».

Hemos de recordar que el Tribunal Supremo tiene sentada doctrina jurisprudencial reiterada en el sentido de que el aforismo «in dubio pro reo» es un principio general del derecho que se impone como norma dirigida al juzgador para que, al hacer uso de la valoración en conciencia de las pruebas practicadas, se incline en caso de duda sobre su virtualidad probatoria, por la solución más favorable al acusado; por su propia esencia y naturaleza exige y necesita para su efectividad que se haya realizada una mínima actividad probatoria, lo que le contrapone al principio constitucional de presunción de inocencia, que entra en juego ante el vacío probatorio, bien por no haberse practicado prueba alguna o bien porque las realizadas carezcan de validez a la luz de las garantías que deben observarse en la realización de las pruebas de cargo y descargo (Sentencia Sala 2ª de 24 de junio 1991)

Por todo lo manifestado al caso concreto que hoy hemos expuesto al no existir de prueba de cargo que desvirtuara el principio de presunción de inocencia del acusado se procedió a dictar una sentencia por la que se absolvía al acusado del delito que se le imputaba que no era otro que conducir vehículo a motor bajo los efectos del alcohol

Si tenéis alguna duda al respecto o necesitáis un abogado que defienda vuestros intereses ante los Tribunales de Justicia no dudéis en contactar con nosotros.

Si quieres leer la resolución puedes hacerlo en el siguiente enlace

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