La orden de protección se regula en el art. 544 ter de la Ley de enjuiciamiento criminal introducido por la Ley 27/2003 de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de violencia doméstica.

Aunque el artículo 544 ter de la LECrim habla solo de las víctimas de violencia doméstica, el art. 62 de la LO 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, extiende su aplicación a las víctimas de la violencia de género, enumeradas en la letra a) del art. 87 ter 1 de la Ley Orgánica del Poder judicial.

La orden de protección puede adoptarse en cualquiera de los siguientes casos:

• Cuando exista una situación objetiva de riesgo para la víctima, derivada de la existencia de indicios fundados de la comisión de un delito contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad contra alguna de las personas mencionadas en el art. 173.2 del CP
• Si durante la tramitación de un procedimiento penal, surge una situación de riesgo para alguna de las personas vinculadas con el investigado conforme al art. 173 del CP
• Cuando se incumpla alguna de las medidas cautelares adoptadas, y el órgano judicial estime adoptar la orden de protección para limitar más la libertad del inculpado.

La orden de protección puede ser acordad de oficio por el Juez, o bien adoptarse a instancia de parte, por alguna de las siguientes personas:

• La víctima
• Cualquier persona que sea cónyuge o pareja de hecho de la víctima, ascendientes, descendientes propios o del cónyuge o pareja e incluso menores que convivan con la víctima.
• El Ministerio Fiscal
• Las entidades u organismos asistenciales que tuviesen conocimiento de algún caso de violencia doméstica (oficinas de atención a las víctimas de delitos, Centros de atención a la mujer, etc.)

Para solicitar la orden de protección existe un modelo protocolizado que a continuación adjuntamos. En cualquier caso, sabemos que no siempre resulta fácil para las víctimas cumplimentar el modelo, por lo que desde ABOGA2 aconsejamos contar siempre con la asistencia de un abogado especialistas que te ayude a solicitar la orden de protección para garantizar su seguridad.

La solicitud podrá presentarse directamente ante la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal; o bien ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Comisarías de la Policía), en las Oficinas de Atención a la Víctima del delito, y Servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las Administraciones públicas.

Es posible que llegado el momento de celebrarse la audiencia a la que las partes son convocadas, el agresor decida no comparecer. En estos casos:

• Si la incomparecencia es justificada: se suspenderá la misma y se realizará una nueva convocatoria, sin perjuicio de que puedan adoptarse medidas cautelares concretas del art 544 bis de la LECrim. necesarias por la urgencia.
• Si la incomparecencia no es justificada: si el agresor habiendo sido debidamente citado no comparece, se podrá adoptar cualquier medida cautelar, incluida la orden de protección (no solo las del art. 544 bis LECrim.)

Además recordemos que es obligatorio que el agresor acuda asistido de letrado. Por lo que si te has visto en una situación como esta, no dudes en contactar con un despacho de abogados que sean profesionales en derecho penal. En ABOGA2 estaremos encantados de asistirte.

Por su parte, si quien no comparece es la víctima o el solicitante de la orden de protección, tanto si su ausencia es o no justificada, no será necesaria la suspensión y se podrá adoptar la orden de protección sin su comparecencia, aunque en cualquier caso queda a decisión del juez de guardia.

El auto por el que se acuerda o deniega la orden de protección, de acuerdo al art 217 de la LECrim, será susceptible de ser recurrido en reforma y en su caso, en apelación, ante el mismo Juez que hubiera dictado el auto.

En cualquier caso, el recurso de apelación no podrá interponerse si no se hubiera ejercitado previamente el de reforma; pero podrán interponerse en un mismo escrito recurso de reforma y subsidiariamente, el de apelación, por si fuere desestimado el primero (art 222 LECrim).

Sin embargo, no es posible recurrir las medidas civiles de la orden de protección, no solo por lo perentorio del término de su duración, sino por su propia naturaleza, ya que la función de las mismas coincide con las medidas previas del art. 771 de la LEC y por tanto, como aquellas, no es posible interponer en su contra recurso alguno (art. 771.4 LEC).

El propio auto te indicará el plazo que tienes para interponer contra el mismo el recurso de reforma y apelación. En cualquier caso, el plazo para recurrir el auto será de:

1. Tres días desde su notificación: para interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación, o
2. Cinco días desde su notificación si se quisiera interponer recurso de apelación directo.

En internet podemos encontrar varios modelos de recursos contra el auto que acuerda o deniega la orden de protección. Sin embargo, desde ABOGA2, consideramos que la protección de la víctima es un tema lo suficientemente importante como para dejarlo en manos de formularios estándar que encontremos en la red.

En estos casos, lo mejor es buscar la asistencia de un buen profesional, que sea capaz de probar la situación objetiva de riesgo que justifique la adopción de esta medida. En Aboga2 contamos con letrados con una amplia trayectoria y experiencia que pondrán a tu disposición todos sus conocimientos para garantizar tus derechos y protección.