Abandono del hogar o familiar

Abandono del hogar o familiar

Abandono del hogar o familiar

OBLIGACIONES FAMILIARES

En toda familia existen unas obligaciones de mantenimiento legalmente establecidas. Estas son una serie de obligaciones de carácter patrimonial, en el ámbito familiar, destinadas a asegurar al acreedor los recursos materiales necesarios para satisfacer las necesidades de vida básicas (no para hacer frente a situaciones de estado de necesidad) y sometidas al derecho de familia.

Para que existan estas obligaciones de mantenimiento o asistencia es necesaria la existencia de una relación familiar, independientemente de que exista convivencia o no entre las partes. Este vínculo familiar puede ser de distinto tipo, ya se trate de una relación paterno-filial, matrimonial o una relación de parentesco (entre abuelos, hermanos, etc.)

En cualquier caso, solo son obligaciones de mantenimiento constitucionalmente exigidas las obligaciones de asistencia de todo orden de los padres para con los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, cuando fueran menores de edad y en los demás casos establecidos por la Ley - art 39 in fine CE-.

En cuanto a lo que el matrimonio se refiere, la unión conyugal implica unas obligaciones recíprocas entre los cónyuges, aún si fuera un matrimonio sin hijos, pues, tal y como reconoce el artículo 68 del Código Civil, una vez casados, los cónyuges se comprometen a la obligación de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Estableciéndose asimismo, la obligación de compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de los ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo 

DIFERENCIA ENTE ABANDONO DE HOGAR Y ABANDONO DE FAMILIA

Abandonar hogar

No en pocas ocasiones es frecuente confundir el abandono del hogar y abandono de familia. A este respecto, destaca que desde 2005 el abandono del hogar deja de estar incluido en nuestro ordenamiento jurídico, siendo solo el abandono familiar el que está tipificado como delito en el Código Penal.

Esto así, porque el término “abandono del hogar” inducía a confusiones, en la medida en que la mayoría de gente interpretaba esta expresión como la salida del domicilio habitual, pero la vivienda como espacio físico no puede entenderse literalmente como hogar por el simple hecho de que los cónyuges convivan allí. Es decir, en el supuesto de que cualquiera de las partes se fuera de casa, esto no puede considerarse como abandono del hogar.

Por ende, solo cabe calificar de abandono como tal, el “abandono familiar” entendido como el dejar de atender las obligaciones contraídas para con los miembros necesitados de la unidad familiar, o lo que es lo mismo, eludir las obligaciones que se tienen para con las personas a su cargo o que dependen de él.

En consecuencia, podemos decir que es posible que una persona deje de estar presente físicamente en el hogar, dejando el domicilio familiar, sin cometerse un delito, siempre que siga atendiendo las obligaciones a las que venía obligado respecto de terceras personas. Prueba de ello, son las parejas en las que cada uno reside en un domicilio distinto sin que ello implique el detrimento del matrimonio.

Así como igualmente, puede existir un delito de abandono de familia sin que necesariamente se produzca el abandono del hogar, cuando uno de los cónyuges permanezca viviendo en el domicilio común pero deje de atender las necesidades familiares.

¿QUE ES EL ABANDONO DE FAMILIA?

Abandonar familia

Este supuesto se produce cuando uno de los cónyuges deja de atender sus deberes económicos de manutención y asistencia a los que venía obligado con sus hijos a cargo, el cónyuge u otras personas dependientes, con independencia de que siga residiendo en el domicilio familiar o no.

El abandono de familia en el Código Penal queda tipificado como delito conforme a los artículos 226 a 233 del Título XII–“Delitos contra las relaciones familiares”; Capítulo Tercero –“De los delitos contra los derechos y deberes familiares”; en su Sección Tercera –“Del abandono de familia, menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección

Así, versa el art 226 del Código Penal:

  1. El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses.
  1. El Juez o Tribunal podrá imponer, motivadamente, al reo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar por tiempo de cuatro a diez años.

Por su parte, el artículo 224 del Código Penal también castiga con prisión de seis meses a dos años la inducción a los menores o discapacitados al abandono del domicilio familiar o lugar de residencia, reduciéndose la pena a prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses, cuando el responsable restituyera al inducido a su domicilio o residencia, sin haberle sometido a ningún tipo de acto delictivo, y siempre que la ausencia hubiera sido inferior a veinticuatro horas o se hubiera comunicado el nuevo paradero a los padres, tutores o guardadores.

Tal y como ha reconocido el TS, se trata de un delito permanente, ya que su consumación se prolonga a lo largo del tiempo, así como se califica de delito semipúblico, ya que no puede perseguirse de oficio sino sólo previa denuncia del perjudicado, o en su caso del Ministerio Fiscal, o bien tratándose de menores o incapacitados por denuncia presentada por sus representantes legales, siguiendo los trámites necesarios para poner en conocimiento de las autoridades el abandono familiar.

En cualquier caso, es importante recordar que aunque “el abandono del hogar” no está tipificado como un delito, este supuesto sí puede conllevar el incumplimiento del deber de convivencia con el cónyuge. Pues de conformidad con el artículo 105 del Código Civil, la obligación de convivencia matrimonial se incumplirá salvo que el cónyuge salga del domicilio conyugal por causa razonable e interponga demanda o solicitud de separación o divorcio en el plazo de treinta días desde su salida. 

De lo anterior se desprende, que si el cabeza de familia abandona el hogar familiar sin dar más explicaciones, y sin que existan diferencias entre abandono dl hogar por mujeres o hombres, por plazo inferior a treinta días o superior con interposición de la demanda de separación o divorcio, antes de trascurrido el mes, no conlleva infracción alguna, y en caso contrario, solo se considerará delito cuando la persona que marchase dejara de atender sus obligaciones de mantenimiento.

Igualmente, no se considera delito cuando la persona se vea obligada a abandonar el domicilio común a consecuencia de un escenario de violencia doméstica, ya sea física, psicológica o emocional, en cuyo caso será conveniente presentar denuncia dejando constancia de la razón que motivo la huida.

¿CUÁNDO SE CONSIDERA DELITO EL ABANDONO FAMILIAR?

  1. Por impago de la pensión alimenticia establecida:

Cuando uno de los cónyuges hubiera quedado obligado, ya sea en la sentencia de nulidad, divorcio o separación legal o en convenio regulador, al pago de una pensión compensatoria al otro cónyuge; al pago de una pensión de alimentos a favor de los hijos, o a cualquier otra prestación económica a favor de los descendientes, ascendientes o el cónyuge que se encuentren en estado de necesidad, dice el artículo 227 del Código Penal, que si dejara voluntariamente de pagarla durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos, incurrirá en delito, castigándosele con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses.

Sin perjuicio de la responsabilidad penal, también se exige una responsabilidad civil, en la medida que el obligado deberá pagar las cantidades debidas para resarcir el daño de causado.

Con este delito se persigue otorgar la máxima protección a aquellos que tras la crisis matrimonial quedan en una situación económica desfavorable. Por ello, tiene sentido que solo sea perseguible cuando el agraviado o su representante legal, o tratándose de un menor o incapacitado, el Ministerio Fiscal, denuncien el incumplimiento de la obligación debida.

Además para que exista comportamiento delictivo, es necesaria la mala fe del obligado, es decir, que el incumplimiento sea voluntario y consciente, y no solo porque no pueda hacer frente al pago por encontrarse en una mala situación económica.

  1. Por el abandono de menores o incapaces:

De conformidad con el artículo 229 del CP, quien teniendo bajo su guarda a menores o incapaces, les abandone, estará dejando de asumir sus deberes de asistencia y por ende, creando un situación de desvalimiento para el mismo y debe ser castigado por ello, es así con la pena de uno a dos años de prisión. Mas aun cuando el que abandona a esta persona especialmente vulnerable es el propio padre o madre, tutor o guardador legal, en cuyo caso las penas se agravan (de dieciocho meses a tres años de prisión).

Este tipo delictivo debe interpretarse literalmente en cuanto al término abandono, y en el tipo básico no hace referencia solo a los padres o tutores, sino que alude a toda persona que tenga encarga la guarda del menor o del incapaz, ya sea un profesor durante el periodo escolar, la niñera en las horas de trabajo, etc. Pues de ser ellos, se aplica el tipo agravado.

Pero si además, este abandono conllevara a una situación de riesgo para la vida, la salud, la integridad física o la libertad sexual del menor o incapacitado, la pena se incrementa todavía más, ascendiendo a penas de prisión de dos a cuatro años, sin perjuicio de la pena que corresponda por el delito en que se concrete.

No obstante, en muchas ocasiones el obligado no desaparece por completo desatendiendo sus compromisos definitivamente, sino que rehúsa de ellos de forma temporal, con intención de retomarlos, a causa de la situación personal en la que se halle. Si bien, esto tampoco puede permitirse, y aunque es difícil de apreciar si existe o no esta intención del abandono no definitivo, esta puede deducirse de otros actos que haya realizados por el sujeto, en cuyo caso se condenará con menor severidad que el abandono definitivo, imponiéndose la pena inferior a la prevista para esta última modalidad. 

  1. Por el abandono impropio:

Dispone el Código Penal en su artículo 231, que el que tenga bajo su cargo la crianza o educación a un menor o incapacitado, le entregara a un tercero o a un establecimiento público sin consentimiento de quien se lo hubiera confiado, será  castigado con la pena de multa de seis a doce meses, o prisión de seis meses a dos años, cuando además se hubiera puesto en peligro su vida, salud, integridad física o libertad sexual.

En este caso, no se castiga el abandonando propiamente dicho del menor o discapacitado, porque se le otorga el cuidado a un tercero, sino que lo que se sanciona es la falta de apreciación de los tramites administrativos y legales exigidos para ello, así como se trata de velar en interés de aquel, para que no se disponga libremente de la vida de dicha persona necesitada de especial protección.

  1. Por la mendicidad de menores:

Por su parte el artículo 232, pena tanto a aquellos que usen a menores o incapaces para la mendicidad, como a quienes teniendo la guarda o custodia les prestara para tal fin, serán penados con la pena de prisión de seis meses de un año, o de uno a cuatro años, cuando se traficara con ellas para la mendicidad y para ello se utilizara violencia o intimidación o se les proporcionara sustancias perjudiciales.

En este último caso del subtipo agravado, habrá que tener en cuenta los supuestos en los que la violencia o intimidación causaren lesiones o la muerte del necesitado, pues daría lugar a un concurso ideal de delitos.

Adicionalmente, cabe poner de manifiesto, que en los casos en los que se incurra en un delito por abandono propio o impropio, o por uso o tráfico para la mendicidad, sienta el artículo 233 del CP la posibilidad de que el Juez o Tribunal pueda imponer adicionalmente, cuando lo considere necesario, la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad o de los derechos de guarda, tutela, curatela o acogimiento familiar de cuatro a diez años.  Y aun mas, si el responsable fuera un funcionario público, se le podrá imponer además la inhabilitación especial para el empleo o cargo público de dos a seis años.

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